Alcolisti y los fotorradores en Ecuador: todo sobre el 'eterno' negocio con ATM, CTE y otros

Durante ocho años, la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil adquirió fotorradares para el control de velocidad vehicular de una sola empresa: Alcolisti. Pese a estar legalmente habilitados, estos equipos poseen un margen de error que ha perjudicado a miles de guayaquileños con las multas 'fantasmas'. 

EXPRESO revela en una investigación especial, los cambios a la normativa que flexibilizó la operación de estos fotorradares, los errores de sus lecturas de velocidad, las cifras de impugnaciones aceptadas por jueces y entre otros detalles 'millonarios' como los 45 millones que se ganó Alcolisti.

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De las 95 adjudicaciones de contratos en los que ha participado Alcolisti, 35 corresponden a adquisiciones hechas, entre abril del 2015 y agosto de este año, por la ATM de Guayaquil, que representan $45,3 millones, es decir, la entidad municipal es el principal cliente estatal de esta firma. La bonanza percibida por la compañía también se refleja en sus ingresos anuales. En el 2014, ese rubro ascendía a $ 2,4 millones, mientras que en 2021 registró $ 8,9 millones, según los documentos.

Lo mismo se percibe en sus declaraciones de impuesto a la renta, la empresa pagó $ 117 mil por el ejercicio fiscal 2015, el mayor monto que había registrado desde el 2002 cuando empezó a declarar. Algo similar ocurre con su pago del impuesto a la salida de divisas, tributo que hasta el año pasado correspondía al 5 %. La firma pagó $ 1 millón al fisco por los $ 20 millones que se trasladaron al extranjero o que se consumieron afuera, según los ejercicios fiscales del 2015 al 2021.

Este período de abundancia de Alcolisti S. A., por el auge de contratos, tiene como antecedentes las modificaciones de las normativas relacionadas con la operación de los dispositivos de medición de velocidad. En 2010, el Directorio de la Comisión de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (organismo que antecedió a la ANT), a cargo de Fernando Amador, quien desde el 2014 trabaja en la ATM, aprobó el Reglamento para Implementar, Usar y Validar los Sistemas de Control de Velocidad, que incluía los denominados fotorradares. LEE AQUÍ LA PRIMER PARTE DE LA INVESTIGACIÓN

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“La respuesta es que no hay respuesta”, le dijo uno de los comunicadores del área de relaciones públicas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil a un periodista de este Diario que necesitaba acceder a las cifras de recaudación de multas por exceso de velocidad para la elaboración de esta entrega especial relacionada con Alcolisti S. A., el proveedor estrella de fotorradares. Ese tipo de información debe estar sistematizada y con libre acceso para cualquier ciudadano, refieren organismos que promueven los principios de gobierno abierto. LEE AQUÍ MÁS SOBRE SU RESPUESTA

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Las quejas de “lecturas con errores” de los fotorradares que han adquirido varias instituciones del país han captado el interés de pocas autoridades o, al menos, eso se ha percibido en cuanto a las acciones que se han conocido de forma pública.

Diario EXPRESO preguntó a varias entidades de control sobre las medidas que se han tomado al respecto, pero hasta el cierre de esta edición está pendiente una respuesta. Por ejemplo, se envió un correo el 2 de noviembre pasado a funcionarios de la Defensoría del Pueblo para conocer qué se ha diligenciado sobre el tema de las multas de tránsito por exceso de velocidad. Cinco días después se envió otra solicitud. Entre esos días, un servidor de esa entidad llamó a un periodista de este Diario. Le dijo que van a consultar a las delegaciones provinciales para conocer si hay quejas presentadas y el número total de esos reportes. El 28 de noviembre se intentó por tercera ocasión tener una respuesta. Sigue pendiente alguna comunicación. TAMBIÉN HABLAMOS CON LA FISCALÍA Y LA ASAMBLEA, MIRA AQUÍ QUÉ DIJERON

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La Agencia Nacional de Tránsito (ANT), organismo de control del transporte terrestre y seguridad vial en el país, ha dado largas a los pedidos de entrevista de Diario EXPRESO desde septiembre pasado, para abordar varios temas: el proceso de homologación de los fotorradares (registro y comprobación de funcionamiento), el margen de error de los aparatos, la validación de la información que entregan los proveedores que buscan certificar sus dispositivos, los controles posteriores para corroborar si todo marcha dentro de los niveles de aprobación, entre otros detalles.

Después de tres peticiones formales, a través de correos electrónicos en la gestión de dos directores de comunicación y varias llamadas con subalternos, esa institución envió un documento con seis puntos. Sigue pendiente la respuesta de entrevista que se pidió para el reportaje “Alcolisti S. A., un ‘eterno’ proveedor para la ATM”.

En el punto 2 de la comunicación, la ANT admite la falta del umbral concreto que debe servir de referencia en el trámite de aprobación de los aparatos sobre la precisión de las lecturas de velocidad. LEE LA RESPUESTA COMPLETA

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Sin límites. Alcolisti, la ‘eterna’ contratista de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, según una revisión de este Diario al portal del Servicio de Contratación Pública, mantuvo al menos 60 contratos más con siete instituciones públicas: Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, el Municipio de Quito, la dirección de Obras Públicas de Pichincha y las empresas públicas de tránsito de Quito, Cuenca y Santo Domingo.

La Comisión, presente en las provincias de Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Azuay, El Oro y Manabí, es la institución que más contratos mantuvo con Alcolisti entre 2015 y 2020. En ese periodo, la empresa ganó 48 contratos que en total suman 14’698.627,23 dólares adjudicados para, entre otros rubros, la adquisición y mantenimiento de radares de control de velocidad y las cámaras sancionadoras para las vías estatales del país. LEE AQUÍ LA SEGUNDA ENTREGA DE ESTA INVESTIGACIÓN

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“En la actualidad no mantenemos relación alguna con Alcolisti S. A. El último proceso terminó en el 2020 para el mantenimiento y calibración de radares”. Así lo confirmó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, al ser consultado por EXPRESO sobre los contratos con esa firma.

En un reportaje que publicó EXPRESO este martes 6 de diciembre, la dirección de Obras Públicas de Pichincha es una de las siete instituciones públicas con las que Alcolisti, la empresa ‘estrella’ de la ATM de Guayaquil, mantuvo alrededor de 60 contratos.

Aclaró que el contrato que Alcolisti habría mantenido con la dirección de Obras Públicas de Pichincha se trata de una compra del año 2015, que no se debe nada y que el proceso está concluido, “pero en el Portal de Compras Públicas aún se muestra como abierto, seguramente por falta de acciones administrativas para subir la información y cerrar procesos”, argumentó. LEE LA RESPUESTA COMPLETA AQUÍ

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“Estoy ocupado”, “responderé más tarde” y otras frases más fueron las respuestas que algunos de los concejales del Municipio de Guayaquil dieron a EXPRESO, al ser consultados sobre la investigación de este Diario que devela las irregularidades alrededor de los fotorradares de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de la urbe porteña. 

Las escasas opiniones que dieron cinco de los quince ediles dan cuenta de que este tema, que afecta a miles de conductores guayaquileños, está fuera de su radar y que, incluso, estaría por fuera de las responsabilidades del Concejo Municipal.

“Yo hago ordenanzas. De eso (los fotorradares) deben encargarse las instituciones correspondientes, porque yo tengo que dedicarme a muchas cosas más”, sostiene la concejal socialcristiana Consuelo Flores, quien hace hincapié en que la ATM es la entidad que debe responder las dudas alrededor de los equipos de medición de velocidad. ¿QUÉ MÁS DIJERON LOS CONCEJALES? PUEDES VERLO AQUÍ

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Al igual que los concejales del Municipio de Guayaquil, asambleístas provinciales consultados por EXPRESO quedaron sorprendidos al enterarse de las irregularidades alrededor de los fotorradares proveídos por Alcolisti a varias entidades públicas del Estado develadas por este Diario.

Asombro que, según indicaron los legisladores, vendrá acompañado de peticiones de información a las “entidades correspondientes” para investigar al ‘eterno’ proveedor de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de seis instituciones públicas más en varias provincias. LEE QUÉ MÁS DIJERON AQUÍ

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En los archivos de la Comisión de Justicia consta una propuesta de reforma al apartado de tránsito del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que presentó Adrián Castro, el anterior director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en mayo pasado.

La propuesta incluye un tratamiento de prevención para los conductores, a quienes se les impone una multa cuando exceden los límites de velocidad, a través de los denominados fotorradares. ¿QUÉ MÁS PLANTEA? LÉELO AQUÍ

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En las acciones de control que ejecutó la Contraloría General del Estado (CGE) a los procesos de contratación relacionados con la adquisición o mantenimientos de fotorradares de velocidad entre el 2013 y este año, constan observaciones a adjudicaciones que hizo la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

La CTE es una de las entidades que más contratos mantuvo entre 2015 y 2020 con Alcolisti S. A., el proveedor que ha concentrado ese tipo de adjudicaciones. En ese período, la empresa ganó 48 contratos que en total suman $ 14,6 millones adjudicados para la adquisición y mantenimiento de radares informativos, cámaras sancionadoras y otros ítems. ¿QUÉ HIZO LA CONTRALORÍA? LÉELO AQUÍ