Alembert Vera pasa de querer indagar “atrocidades” a llamar a la paz
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana se desmarca de la creación de una veeduría por orden judicial
La operación comienza a perder engranajes. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se pasó el 6 de septiembre de 2023 de la algarabía por revisar los “actos atroces” cometidos por el “trujillato” (por Julio César Trujillo) a hacer un llamado a la paz a la Corte Constitucional (CC).
El presidente del organismo, Alembert Vera, dijo estar entre ‘la espada y la pared’, porque si no cumple el dictamen del juez de Montecristi, Leiver Quimis, que dispuso crear una veeduría ciudadana que revise las actuaciones del CPCCS de transición, podría ser destituido, aunque lo mismo sucedería si deja que se revisen, pese a la sentencia de 2019 de los jueces constitucionales que las blindaron. Por eso, espera una respuesta de la Corte Constitucional.
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De todas formas empezó a hacerle el quite a la responsabilidad. Para empezar, dijo que al ser una sentencia sobre una iniciativa ciudadana, el pleno del organismo no tiene la potestad de decidir si se arma o no la veeduría, sino otras áreas, y por eso ya se hizo la convocatoria para conformarla.
Han incurrido en una causal de destitución, por lo tanto, la inmensa paciencia que ha tenido la Corte Constitucional debería zanjarse con la salida de esos funcionarios.
Y por si quedan dudas de que su afán no es “comerse” a la Corte Constitucional, adelantó que el pleno del CPCCS jamás daría paso a ningún informe que contenga “cualquier barbaridad” como la destitución de funcionarios, porque eso no es parte de sus competencias y capacidades.
“Es terrible que en un país en el que nos están matando tengamos siquiera que gastar un minuto de tiempo valioso del trabajo de la gestión pública en pugnas inexistentes”, dijo un conciliador Vera a la Corte Constitucional que ahora mismo revisa el caso y podría determinar hasta destitución de funcionarios.
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El exlegislador Fabricio Villamar, quien fue uno de los interpelantes de José Tuárez, expresidente del CPCCS, censurado y destituido por intentar revisar las decisiones de transitorio, cree que esta conversión de Vera es tardía. Además, que no es lo único. También sería parte de una suerte de persecución a la fiscal Diana Salazar, por lo que considera que la CC lo debe destituir.
Vera está haciendo en el CPCCS algo de política, cuestionando a la fiscal y ahora a una decisión de la Corte Constitucional, valiéndose de una resolución de un juez.
El exconsejero de Participación Aland Molestina recordó que, hasta la semana pasada, Vera era uno de los más fervientes impulsores de la conformación de la veeduría a la que invitó a ciudadanos y profesionales que pudieron verse perjudicados y “callaron por miedo” ante las decisiones del CPCCS liderado por Julio César Trujillo.
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“Ahora, en un acto de total falta de transparencia, da marcha atrás, se quita la responsabilidad y la traslada a otras coordinaciones del organismo. Es evidente que está cumpliendo un rol político en un ente creado para la participación ciudadana”, aseguró Molestina.
También, se conoció que la apelación a la decisión de Quimis llegó a la Corte Provincial de Manabí y se espera fecha para la audiencia. Según las autoridades del CPCCS, actuaron en coordinación con la defensa de la Procuraduría General del Estado en contra de la acción de protección que dio luz verde a la creación de la veeduría, por lo que consideran que se sobreentiende que la apelación ante la instancia superior fue presentada por ambas entidades. Mientras tanto, la conformación de la veeduría sigue su marcha.
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