Estado de alerta máxima en Ecuador: ¿medida reactiva o estrategia?

El régimen maneja con hermetismo la “alerta máxima” que anunció el fin de semana el Ministerio de Gobierno, ante información de posibles atentados contra el presidente Daniel Noboa y sus funcionarios. 

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El Ministerio de Defensa emitió dos comunicados el 21 de abril de 2025. En uno informó que desplegó más de 38.000 militares en el feriado por tierra, mar y aire, cuyas “operaciones de vigilancia aérea con aeronaves no tripuladas (drones) y helicópteros, así como patrullajes marítimos en zonas costeras e insulares, especialmente en áreas de alta afluencia turística, permiten actuar con rapidez ante cualquier eventualidad”. 

Luego, dijo que con el Bloque de Seguridad intervinieron en el Hospital del IESS Carlos Andrade Marín, de Quito, “frente a las amenazas al personal sanitario y administrativo por parte de mafias que pretenden amedrentarlos”.

El ministro del Interior, John Reinberg, evitó dar detalles. En Teleamazonas, el lunes dijo que es “información clasificada” y que, ante la amenaza, se articuló la “inteligencia policial, militar y estratégica”. Además, habló de “intentos de desestabilización, calentamiento de las calles”, por lo que se han desplegado uniformados “en sitios estratégicos, en lugares donde quisieran atentar”.

La alerta se inició luego de la filtración de un supuesto documento con un “mensaje militar” que expone el presunto “traslado de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador” para atentados terroristas contra el presidente y su equipo.

Expertos observan la gestión ante la "alerta máxima"

Si bien el Gobierno aumentó el despliegue de la Fuerza Pública ante la posible amenaza, expertos en seguridad cuestionan que la situación se haya ventilado públicamente, cuando debía haberse investigado.

“No son cosas que se puedan descartar. Es importante que las instituciones garanticen que el mandatario ejerza su función”, dice Diego Pérez, catedrático del Centro de Seguridad del IAEN. Pese a ello, cuestiona la reiterada mención de que la “situación de seguridad del país es grave, la cual lleva al juego de que es o no verdad y a polarizar más el país, en un contexto como el que vivimos”.

Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, explica que “cuando hay informes de inteligencia, pasan a proceso de judicialización para determinar las causales y los culpables. Si se eleva como estrategia de comunicación política, esto puede ser perjudicial porque la gente puede sentir, a mediano plazo, que el Gobierno no está resolviendo los problemas y se incrementa la percepción de inseguridad”.

La necesidad de la política de seguridad

Ambos hablan de la necesidad de un gesto de transparencia para exponer cuáles son las medidas de seguridad que toma el régimen, pero también insisten en elaborar una política de seguridad a largo plazo.

“Así los ciudadanos tienen claridad sobre los avances que se han logrado. De lo contrario, estas narrativas podrían hacer ver que el Gobierno actúa, pero el trabajo no genera resultados”, según Pérez.

“También falta una política criminal para generar corresponsabilidad con otras instituciones del Ejecutivo, pero el Gobierno no tiene interés y hay una falencia del conocimiento técnico”, opina Rivera.

El director del Observatorio considera que Noboa puede intentar “copiar una estrategia de comunicación de Bukele, pero esa va acompañada de la reducción de homicidios en El Salvador”. En cambio, en el país los crímenes continúan.

Finalmente, Pérez califica como “conflictivo que casi dos años después sigamos enfrentando la misma narrativa de seguridad y se sigan utilizando las mismas herramientas. Habría que mirar con una lupa más fina si esas medidas son sensatas”.

• Controles. Reingberg anunció que se intensificarán los controles en las provincias más conflictivas, así como en los límites fronterizos del país.

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