Las alertas fiscalizadoras se posan sobre los flamantes funcionarios
En la Asamblea no se descarta ampliar información con el SRI. El Gobierno evita ahondar en el tema. Grupos advierten aplicación de contraloría social
Un remezón dentro del remezón de los cambios. Preocupación y cautela generaron ayer en diferentes espacios las revelaciones sobre el bajo pago de impuestos o los reclamos que sostienen algunos de los nuevos integrantes del gabinete del presidente Guillermo Lasso con entidades del Estado.
Ni bien se posesionaron, las críticas a los nuevos ministros y secretarios empezaron. Las primeras fueron al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, quien declaró $ 36,63 como Impuesto a la Renta en 2021, mientras que su pago por Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) alcanzó los $ 2.318,10.
Ayer, respondió a la publicación de EXPRESO. Dijo que su tributación ha ido a la baja con relación a años anteriores “porque dediqué gran parte de mi tiempo a la labor gubernamental y dejé de lado actividades empresariales. Trabajé en Gobernación (del Guayas) de lunes hasta domingos, con jornadas de hasta 16 horas”. Además, que el ISD correspondería al pago de la universidad de su hijo mayor en Boston.
Los ministros tienen que ser honorables, y siempre dicen nuestros mayores que se practica con el ejemplo. Si evaden impuestos, con qué autoridad van exigir a los ciudadanos.
El asambleísta Jorge Abedrabbo, del Partido Social Cristiano (PSC), dijo que el tema debe ser aclarado porque sería inconcebible que “un gobierno en coma” se dé el lujo de tener gente que evade impuestos. “Nuestro rol de fiscalización nos obliga a analizar lo que sucede con los funcionarios públicos”, advirtió.
También, se conoció que José Ortega, nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), mantiene una queja contra el Servicio de Rentas Internas (SRI) que le determinó impuestos por algo más de cuatro millones de dólares, algo con lo que él no estaría de acuerdo.
Hasta el cierre de esta edición, el área de comunicación del IESS no respondió a los pedidos de un pronunciamiento del funcionario. Este Diario buscó la reacción del Gobierno. El asesor presidencial, Diego Ordóñez, respondió que “sobre el tema deben responder los involucrados”.
El jefe de la bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe, señaló ayer que si existen actos reñidos con la ley, la Asamblea tendrá que fiscalizar y, de ser necesario, lo hará esta organización política pidiendo los reportes correspondientes al SRI para aclarar las dudas.
A los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil nos toca hacer contraloría social y en nuestro caso continuar detectando cualquier caso de corrupción en las esferas estatales.
“Sin embargo, muchas veces resultan ser temas que están pendientes y se van esclareciendo en el camino. Hay el principio de inocencia. En ocasiones, el Estado le culpa de no haber pagado impuestos y luego el acusado justifica con documentos. A veces pecamos muy rápido de llegar a conclusiones con pocos datos y contexto”, señaló.
La nueva ministra de Vivienda, María Gabriela Aguilera, tampoco salió bien parada. Una publicación del medio digital La Posta señaló que estaría adeudando el impuesto predial desde 2018.
Ricardo Ramírez, presidente de la Comisión Anticorrupción en Guayas, cuestiona que este tipo de detalles no sean advertidos con anticipación antes de hacer las nominaciones de funcionarios. Espera que esto no signifique que el Código de Ética implementado por Lasso está siendo dejado de lado.
