Alexis Mera pide cumplir su condena por el caso Sobornos en Guayaquil

Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia, durante el gobierno de Rafael Correa, quiere ser enviado a un Centro de Rehabilitación Social de de Guayaquil para cumplir los ocho años de cárcel impuestos a él y a otros 17 sentenciados por el caso Sobornos 2012-2106.

En una comunicación enviada al tribunal de ejecución de la condena señaló que su traslado a la cárcel de Cotopaxi violaría sus derechos y garantías como persona privada de libertad. Mera explicó que por la ubicación del centro carcelario "no tengo ningún familiar o amigo que me pueda visitar o contactar, dejándome a mi suerte durante el cumplimiento de la pena impuesta dentro del proceso". El tribunal corrió traslado con la petición a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se pronuncien.

El empresario Pedro Verduga, al momento asilado en una casa de salud de Guayaquil, en cambio pidió que se le permita cumplir la pena en su domicilio en cuanto sea dado de alta por la afectación a su salud por la que fue internado el mes pasado. Pidió que pueda continuar cumpliendo su condena en su casa "donde podré contar con los cuidados de mis seres queridos en lo que me quede de vida".

Relató que en cuanto los jueces dispusieron la Policía llegó al hospital en el que se encuentra el empresario, le leyeron sus derechos constitucionales y le asignaron vigilancia policial. En un escrito Verduga señaló a los jueces que la misma noche del miércoles 23 de septiembre 2020 le informaron que la Policía se ubicó en las afueras del hospital en el que permanece para su custodia. "Yo no me he movido de la habitación 308 del tercer piso de dicho centro de salud, como lo anuncié días atrás", comunicó a los jueces.

Relató que ahí el jueves 24 de septiembre ingresaron los uniformados para verificar su permanencia. Los policías advirtieron al personal del hospital en el tercer piso que se encontraba a partir de ese momento en custodia cumpliendo mi pena, y que no estaba autorizado mi traslado, ni por motivos de emergencia de salud, fuera del hospital, ni siquiera a otro hospital, sin autorización de los jueces.

Pero los jueces indicaron que deberá continuar bajo custodia policial para precautelar su derecho a la salud. Pero, tan pronto cambie su cuadro clínico, sea dado de alta médica y pueda ser trasladado, se emitirá su boleta constitucional de encarcelamiento. A partir de ese momento pasará a custodia del Servicio Nacional de Atención Integral para personas privadas de libertda (SNAI).

En el caso de Laura Terán los jueces ratificaron que el tribunal de apelación declaró cumplida la pena y dado que aún se la mantiene con el grillete electrónico, "lo cual es inadmisible" ya que tan pronto fue emitido el fallo de segunda instancia se debió haber procedido a tal retiro y al levantamiento de las medidas cautelares personales en su contra, dispusieron se remitan los oficios necesarios para el retiro inmediato del dispositivo.

Laura Terán fue asistente de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa y exjueza constitucional. Ambas se beneficiaron con la reducción del 90 % de la pena por la colaboración eficaz que brindaron a la Fiscalía en las investigaciones que permitieron evidenciar la existencia de una estructura delincuencial liderada por el expresidente Correa. 

Esa organización se había dedicado a captar y repartir los aportes ilegales que recibían de las empresas contratistas del Estado a cambio de contratos de obra pública. Lo recibían en efectivo y por cruce de facturas. 

Con esos recursos se pagaban gastos de movilización de los ciudadanos que acudían a respaldar a Correa en las distintas manifestaciones que se cumplieron en la capital durante su gobierno. Sirvieron además, según probó la Fiscalía en el juicio, para fiestas de cumpleaños, viajes, sánduches, propaganda y logística de Alianza PAIS y sus principales.