Alianzas solo por espacios, error que persigue a los acuerdos legislativos
Los diálogos basados únicamente en el reparto de cargos precipitan el fracaso Los planes y las coincidencias programáticas quedan en segundo plano
Cometiendo los errores del pasado cercano. Cómo se configurará la mayoría en la Asamblea Nacional para la primera sesión prevista para el 20 de noviembre aún es impredecible. Los diálogos continúan, cada vez con más hermetismo, y cada facción empieza a poner sobre la mesa sus condiciones.
Aunque todos hablan de que el punto de partida para unirse es generar leyes que beneficien al país y dar gobernabilidad al nuevo gobierno, los motivos de arranque para empezar a dialogar no necesariamente tienen ese fondo tan altruista.
La exasambleísta Wilma Andrade, por ejemplo, considera que lo primero que empuja a las organizaciones políticas a buscar acuerdos es la captación de los espacios de representación tanto en la mesa de las autoridades de la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y en las comisiones permanentes.
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Uno de los primeros en hablar de una coalición legislativa fue el Partido Social Cristiano (PSC) con el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) partiendo de una premisa: que el sociacristiano Henry Kronfle sea presidente del Parlamento.
La experiencia de cómo se dieron los fallidos acuerdos en la anterior Asamblea debe dar la pauta al futuro gobierno de lo que se debe y no se debe hacer en estos casos.
“Justamente ese es el absurdo y el fracaso de cualquier negociación. Porque se debería partir de acuerdos programáticos, pero la realidad no es esa”, dijo Andrade basada en la experiencia del anterior periodo legislativo en el que la alianza Izquierda Democrática (ID)- Pachakutik privilegió la entrega de espacios, sin reparar en los perfiles, a las propuestas de fondo.
El correísmo también lanzó su condición. Por palabras del propio expresidente Rafael Correa uno de los puntos centrales para que los más de 50 legisladores de la Revolución Ciudadana se unan a un bloque legislativo es encontrar apoyo para enjuiciar políticamente a la fiscal Diana Salazar.
Un error de entrada para el exministro de Gobierno y dirigente político, Gustavo Larrea, que considera que plantear una cosa de este tipo en el arranque de un proceso de diálogos solo desgasta las relaciones como parece que sucedió en ese eventual acuerdo con el PSC y ADN.
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A diferencia de Andrade, Larrea que dirige el movimiento Democracia Sí, sí cree que el punto de partida para empezar los diálogos entre bancadas legislativas es coincidir en algunas propuestas de ley, más que en intentos por conseguir impunidad.
“Es fundamental establecer el para qué de un acuerdo legislativo, especialmente para impulsar temas que son de agenda en la política nacional. Por ejemplo, considero que para la próxima Asamblea la modificación de la Ley de Contratación Pública debe ser una prioridad. Lo segundo, definitivamente, es la designación de autoridades”, reconoce Larrea.
Desde el gobierno también lanzan sus cartas y van marcando el camino: no les interesa la presidencia de la Asamblea, pero tampoco creen que sea el momento de enfrascarse en juicios políticos ha dicho Valentina Centeno, que será la jefa de la bancada oficialista.
Lo que no es factible en este momento es un acuerdo con fuerzas políticas que manejan una agenda de impunidad y que ahora han dejado muy claras sus condiciones.
La prioridad para ADN será impulsar los proyectos urgentes en materia económica que enviará el presidente electo Daniel Noboa y para eso apuntan a tener mayor presencia en las dos comisiones que tratan el tema de la Función Legislativa: de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control; y de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
Andrade es de la idea de que para impulsar estas propuestas, el gobierno no debería atarse a acuerdos de largo plazo, sino lograr consensos puntuales y programáticos con varias bancadas legislativas. Larrea, por su parte, es de la idea de que el Ejecutivo sí debe buscar una mayoría definida en el Parlamento para sacar adelante el plan de gobierno y no correr riesgos.
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