Allanamientos en medio de un concurso de jueces siembran dudas

La sombra del pasado se posa sobre el actual concurso para elegir a 10 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). ¿Está arreglado?

Las dudas surgen a partir de los allanamientos hechos por la Policía Nacional y que ponen en la mira a cinco personas: dos funcionarios y tres desvinculados de la Judicatura entre abril y junio pasado.

La Fiscalía ha informado que abrió una investigación por presunta concusión, pues hay sospechas de que los funcionarios “habrían exigido dinero para favorecer a postulantes en la selección de jueces nacionales”, cuyo concurso actualmente está en la fase de oposición.

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Lo que sustenta esta investigación es una denuncia anónima. Una persona escribió al buzón de transparencia del Consejo de la Judicatura y esta entidad le remitió el pasado 18 de abril, en la administración de Álvaro Román, a la Fiscalía.

¿Qué pasó entre abril y junio?

El jueves 25 de julio, la vocal Solanda Goyes ataba cabos. Dijo que entre abril y junio, Román ordenó varias desvinculaciones de funcionarios, especialmente del área de Talento Humano, que es uno de los organismos encargados en dar apoyo en el concurso de magistrados. Sin embargo, hasta el operativo no se supo la razón de los despidos.

“Esta denuncia, sin firma, dice: ¿cómo puede ser que gente, refiriéndose a alguien en particular, que estuvo en el concurso anterior, ahora esté en el nuevo concurso?”, explica Goyes.

Su criterio es que la investigación no debe afectar el concurso actual, pues este ha tenido varios “candados” y ha incluido a más de un centenar de funcionarios, abogados en libre ejercicio, docentes, observadores y organizaciones nacionales e internacionales.

Estos han trabajado en la calificación de los méritos, en la elaboración de las pruebas de confianza, en la confección del banco de preguntas y banco de casos y, en el caso de una organización internacional, han contratado directamente a los psicólogos que hicieron las valoraciones de los candidatos.

Ahora, en la última etapa, que es la de oposición, la potestad de elegir qué aspirantes pasan y qué aspirantes son descalificados está en el Comité de Expertos. Son 81 juristas que previamente han acreditado tener los mismos requisitos, experiencia y probidad que los exigidos a los jueces nacionales.

Expertos como Juan Pablo Albán, docente de la Universidad San Francisco y miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; Ramiro García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, Luis Fernando Sempértegui, coordinador de la carrera de Derecho en Línea y docente investigador en la Universidad Internacional del Ecuador; Paúl Córdova, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha; Pamela Aguirre Castro; Daniel Kuri García, reconocido penalista y docente de la Universidad Espíritu Santo, entre otros.

Paúl Córdova indica que su involucramiento con el concurso nació luego de las revelaciones de los casos Metástasis, Plaga, Purga e Independencia Judicial, en donde se evidencia la corrupción judicial. “Mi nombre, con el de otros juristas, nuestro prestigio no puede ser puesto en entredicho. Por eso, hemos querido participar para garantizar que los mejores profesionales lleguen, sin injerencia de otro tipo de intereses”.

Los intereses detrás del concurso

Los intereses detrás del concurso serían manejar la justicia y lograr fallos favorables para actores políticos y de la delincuencia organizada, pues se elegirán tres magistrados para la Sala Penal, juzgarán las causas de corrupción.

Galo Larco Chacón, abogado en Derecho Civil y Mercantil, dice que su compromiso en el concurso ha sido la “selección rigurosa” de los mejores perfiles. Además de que su prestigio profesional está en juego, asegura que él mismo ha vivido lo que es participar en concursos donde ganan los que tienen ‘palanca’. “Hemos hecho un trabajo técnico, buscando la calidad para que lleguen los mejores”.

• Apoyo. La Judicatura comunicó que la administración de Mario Godoy se inició el 16 de julio y que ayudará a las autoridades.

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