Alondra Santiago, expulsada por razones desconocidas | Por Roberto Aguilar

¿Qué hizo Alondra Santiago? ¿De qué se la acusa? De cometer “actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado”, dice el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se resuelve revocarle su visa y, en consecuencia, expulsarla del país. Delitos contra la seguridad pública y del Estado hay una docena larga en el código penal: rebelión, usurpación del mando, sedición, insubordinación, sabotaje, paralización de servicio público, espionaje, tráfico de armas… Si se tratara de alguno de estos, Alondra Santiago estaría presa. 

Pero no: nótese que el texto de la resolución, firmada por el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, dice “actos”, no “delitos”. ¿Actos contra la seguridad pública que no constituyen delito? ¿Cuáles son esos? No constan en ninguna ley. ¿Será por eso que el gobierno ecuatoriano ha decidido mantenerlos en secreto? Es ahí, en el secreto, donde reside el aspecto más incómodo de este caso. El secreto es, de hecho, un atropello intolerable.

Periodista de nacionalidad cubana que ha vivido más de la mitad de su vida en Ecuador, hija de una ecuatoriana por naturalización, Alondra Santiago será expulsada del país por causas que ella misma ignora. Si no sabe de qué se la acusa, ¿cómo podría defenderse? En consecuencia, Alondra Santiago ha sido privada del más elemental de los derechos: el derecho a la defensa. Por supuesto, cuando este caso llegue a una corte internacional (la Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo), el Estado ecuatoriano no tendrá la más remota posibilidad de triunfo. Mientras tanto, la sociedad que contempla el espectáculo y que correrá con los gastos de la indemnización inevitable, ha sido invitada a confiar en que las secretas razones del gobierno sean justas y suficientes: se nos pide un acto de fe, como si la esfera pública fuera una iglesia. ¿Por qué habríamos de confiar en gente que nos miente a diario?

Cierto es que, en materia de visas, nadie más que el Estado tiene la potestad de otorgarlas, negarlas o revocarlas. Pero esto último, su revocatoria, no puede hacerse porque sí. La decisión debe estar “debidamente motivada”, dice la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Y cuando se trata de revocar una visa por haber atentado su titular contra la seguridad del Estado, esa motivación deber referirse a las razones sentadas en un informe o en una sentencia. En este caso se supone que ese informe existe, se lo remitió el Ministerio del Interior a la Cancillería pero nadie lo puede ver porque es un informe reservado. Así que el requisito de la motivación, que exige la ley para el acto administrativo de revocatoria de la visa, no pudo ser cumplido en esta ocasión. No es una barbaridad: son dos.

Hoy, sobre la base de un informe reservado, se expulsa a una persona del país por razones desconocidas. Mañana, sobre la base de otro informe reservado, se encarcelará a cualquiera bajo acusaciones incógnitas. Porque aplicado al derecho penal o al régimen de sanciones, el argumento de la información reservada es un expediente dictatorial que puede ser usado para encubrir cualquier atropello. No hay nada más antidemocrático y esencialmente estalinista que ser castigado por razones desconocidas.

La resolución de la Cancillería no lo dice pero muchísima gente ha llegado a la conclusión de que la revocatoria de la visa tiene que ver con la manera como Alondra Santiago jugó hace un par de semanas con el himno nacional para convertirlo en una canción crítica del gobierno. El hecho generó una intensa polémica en redes sociales y se acusó a la periodista cubana de burlarse de la soberanía nacional y atentar contra dignidad del país. De ahí que muchos ciudadanos se hayan sentido reivindicados con la decisión del gobierno. Sin embargo, no existe en este país laico ninguna ley que prohíba la profanación de los símbolos patrios (así como tampoco está prohibida la blasfemia) o su utilización como vehículos de expresión de opiniones. Tampoco parece razonable afirmar que la acción de jugar con la música y la letra del himno nacional pueda interpretarse como un atentado contra la seguridad pública y del Estado. ¿Es esa la causa secreta del gobierno contra Alondra Santiago? ¿O simplemente está molesto por su popularidad y sus comentarios críticos?

Quienes más provecho parecen estar sacando del episodio son los correístas. Los que expulsaron a Manuela Picq y al estadounidense Oliver Utne, militante ecologista de la proscrita Fundación Pachamama, los mismos que levantaron un aparato institucional para perseguir periodistas, hoy se rasgan las vestiduras ante el atentado contra una libertad de expresión en la que nunca creyeron. Ese victimismo seguirá dando réditos políticos mientras el gobierno de Daniel Noboa continúe manteniendo en secreto las causas que lo llevan a expulsar a Alondra Santiago.