Álvaro Román se estrena frente al pleno de la Judicatura destituyendo al juez Lindao
Lo acusan de haber incurrido en la infracción gravísima de manifiesta negligencia. En la Asamblea ya advertían que eso iba a ocurrir
El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este 25 de enero de 2023 destituir al juez multicompetente del cantón La Concordia, Ángel Lindao Vera, que ha emitido varios fallos polémicos en los últimos meses y semanas.
Según el comunicado de la entidad administradora de la justicia del país, esta decisión se tomó “por haber incurrido en la infracción gravísima de manifiesta negligencia” en una acción de protección planteada por Leandro Norero, que era investigado por lavado de activos del narcotráfico y fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi.
En junio de 2022, el ahora exjuez Lindao dispuso la devolución a Norero de dos bienes en Samborondón que fueron incautados durante la detención del sospechoso en un operativo antidrogas.
El magistrado también falló a favor de los cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional, pero luego restituidos desde La Concordia.
La mañana de este 25 de enero el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, informó que Lindao había revocado su decisión, con lo que se ratifica la acción fiscalizadora de la Asamblea, sin embargo, pidió que se sancioné al juez, tal como sucedió en la tarde.
A Saquicela se le vio visiblemente entusiasmado con la presencia de Álvaro Román Márquez como presidente temporal del Consejo de la Judicatura y ya advertía que el pleno de ese organismo aplicaría la destitución directa de Lindao.
Hizo un llamado para que se actúe de la misma manera con otros jueces que han tenido actuaciones cuestionadas en temas relacionados al narcotráfico, delincuencia organizada entre otros.
Una de las últimas decisiones de Lindao fue conceder una medida cautelar autónoma a favor de Vinicio Ruiz Torre, sentenciado por sicariato a 24 años de cárcel, por la muerte del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga, en 2019.
Esto permitió la liberación del sentenciado que como medida sustitutiva no puede salir del país y debe presentarse una vez al mes en la Fiscalía de Chimborazo.
