Amenazante carta del correísmo

Amenazas implícitas de los correístas, movidas jurídicas de los socialcristianos, consultas del Gobierno a la Procuraduría, llamados a la Corte Constitucional... A medida que se acercan los momentos decisivos del juicio político contra el presidente de la República y mientras los asesores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea trabajan en el borrador de informe que pondrán en consideración de los comisionados, varios actores políticos han comenzado a mover sus fichas con el fin de evitar que los vacíos legales del proceso se vuelvan en su contra. No existen precedentes para lo que la Asamblea se dispone a hacer y las disposiciones legales y constitucionales dejan tantos cabos sueltos que el jaleo está asegurado. Nomás falta saber cómo se sale de él.

El artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone que la Comisión de Fiscalización remita a la presidencia de la Asamblea “un informe motivado para conocimiento del Pleno que especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político”. No especifica qué ocurrirá si dicho informe, que se conocerá este sábado, no obtiene los votos necesarios para su aprobación. Tampoco abre la puerta para la elaboración de informes de minoría o de posiciones, como sí ocurre con los juicios políticos a ministros y otros funcionarios. Y como todo parece indicar que el informe, en efecto, no será aprobado (pues planteará el archivo del juicio), los acusadores del presidente se han apurado a reforzar sus posiciones.

Los primeros en moverse fueron los correístas: Roberto Cuero, Comps Córdova y Gabriela Molina, los tres miembros de la mesa de Fiscalización que pertenecen a esa bancada, atacaron al eslabón más débil de la cadena de decisiones: los asesores de la comisión (María Sol Sevilla y Santiago Becdach) a quienes el presidente Fernando Villavicencio encargó la redacción del borrador de informe. Les enviaron una carta amenazante en la que les conminan a redactar un informe “que incorpore la posición de todos los miembros”: una imposibilidad lógica, pues algunos miembros están a favor del juicio y otros en contra. En caso contrario, les advierten con procesarlos administrativa y penalmente. “Actuaremos con toda la fuerza del Derecho”, termina diciendo la comunicación, que no fue enviada por los canales digitales oficiales de la Asamblea.

Los correístas, que durante diez días de sustanciación de pruebas en la comisión casi no aportaron al debate, recuerdan a los asesores que no es su trabajo, sino el de los asambleístas, redactar “los aspectos de fondo” del informe. Y citan un gran aparataje de textos jurídicos, entre los cuales no consta el decisivo artículo 13 del reglamento de comisiones, según el cual es función de los asesores “elaborar los informes borrador sobre los proyectos de ley, los acuerdos, resoluciones y más actos legislativos que serán propuestos a las y los integrantes” de las mesas legislativas.

La siguiente movida corrió por cuenta del socialcristianismo. Como si acabara de darse cuenta de los vacíos de la ley de la Función Legislativa, el asambleísta Esteban Torres dirigió este miércoles una consulta al coordinador jurídico de la Asamblea, Fabricio Proaño, como pidiéndole permiso para elaborar “un proyecto de informe alternativo para que sea sometido a votación” en el caso de que no haya los votos para aprobar el informe de los asesores. ¿Se puede?, pregunta, adelantándose a los acontecimientos.

Una consulta más pertinente, por estar dirigida a una autoridad más alta, es la que planteó poco después el Gobierno a la Procuraduría General del Estado, cuyos pronunciamientos son de obligatorio cumplimiento “para todos los órganos de la administración pública”, como sea que se interprete eso. La defensa del presidente espera abrir la posibilidad de remitir el “informe improbado” al presidente de la Asamblea.

Villavicencio a la corte

Fernando Villavicencio reaccionó de inmediato ante las amenazas de la bancada correísta a los asesores de la Comisión. Envió sendas comunicaciones a los presidentes de la Corte Constitucional, Alí Lozada, y de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, poniéndoles al tanto de lo ocurrido y defendiendo la legalidad de lo actuado por ellos.