Amnistías: más del 53 % de casos están en investigación previa

Los tiempos políticos parecerían no ser los mismos que se aplican en la justicia. Pero, para el caso de quienes se consideran perseguidos políticos o criminalizados por ejercer la protesta social, las coincidencias han operado para que sus casos no salgan de la investigación previa abierta.

En esas condiciones se encuentra más del 50 % de los 269 casos que contempla el informe aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea y que figura en el quinto punto del orden del día de la sesión del pleno, convocada para mañana.

Es la situación de los dirigentes de la Conaie Leonidas Iza (presidente de la organización) y Jaime Vargas (extitular de la agrupación), con 10 investigaciones previas abiertas en el contexto de las protestas de octubre de 2019. Así son más de 140 causas.

Pero de Iza también se incluyó una sentencia que está en apelación por presunta ocupación ilegal o tráfico de tierras, que viene desde el año 2018. Hay dirigentes como Severino Sharupi y otros señalados por posibles grupos subversivos.

Mientras para unos los casos no han pasado de la investigación previa, para otros ya procesados, una sentencia no les ha alcanzado. Eso ha ocurrido en los expedientes de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el parlamentario andino Virgilio Hernández, el dirigente de los taxistas Jorge Calderón y quienes debían ser enjuiciados por el incendio de la Contraloría, registrado en el contexto de las violentas protestas de octubre de 2019.

Aunque los llamados a juicio se dictaron entre 2020 y 2021, los juzgamientos no se han instalado por incidentes o por falta de convocatoria, en el caso de la Corte de Pichincha.

Al parecer, antes de que la justicia resuelva su culpabilidad o inocencia, la Asamblea decidiría su amnistía. Rebelión, paralización de servicios y sabotaje, paralización de servicios o destrucción de registros fueron los delitos atribuidos en los tres casos.

Un poco más del 20 % de causas corresponde a los hechos de octubre de 2019, entre los que se encuentran Pabón, Hernández y Calderón. El restante casi 80 % se refiere a activistas en defensa de la naturaleza, de sus territorios, justicia indígena y otros.

Del análisis del listado que figura en el informe aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales se evidencia que más del 50 % de casos estaba en investigación previa, casi un 18 % fueron causas archivadas, un 10 % tiene llamado a juicio. Los restantes porcentajes tienen que ver con apelaciones de sentencias, sobreseimientos, suspensiones de pena y otros.

El informe fue cuestionado porque tiene dos documentos: uno con la firma del presidente y la secretaria y otro ‘extemporáneo’, con las firmas de todos los miembros. En el documento se recogen exposiciones de los posibles beneficiados, de expertos, académicos y otros.

El ponente será Mario Ruiz de Pachakutik. Su colega Darwin Pereira es favorable a la aprobación del informe. Reconoce que con la amnistía se archivan las investigaciones previas automáticamente. Es decir, la Fiscalía ya no podrá continuar con los expedientes.

La legisladora de la ID, Wilma Andrade, señala que si bien las amnistías están planteadas en cuatro grupos, “estas no deben ser aprobadas en paquete, deben ser analizadas de manera adecuada, una a una, para evitar que tengan contraposición con las investigaciones de la Fiscalía, procesos judiciales, para no generar precedentes negativos en nuestro país”.

El asambleísta Fernando Villavicencio insiste en que en el informe se encuentran perseguidos por el correísmo y morenismo que merecen la amnistía. Pero, asegura que: “lastimosamente, en el grupo de los que merecen la amnistía lograron infiltrarse supuestos líderes golpistas y conspiradores” para quienes dice “no debería aprobarse ninguna amnistía”.