Amnistías: el país en pie de guerra

Buenas noticias para los mineros ilegales. La Asamblea Nacional acaba de decidir que el delito de “actividad ilícita de recursos mineros”, tipificado en el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal y sancionado con privación de la libertad de entre cinco y siete años (de uno a tres si la actividad es artesanal pero de siete a diez si produce daños en el ambiente) es un delito político. O puede serlo, según quien lo cometa. En concordancia con ese nuevo hallazgo jurídico, cinco dirigentes de la minería ilegal de Buenos Aires, provincia de Imbabura, fueron beneficiados con la amnistía y el consecuente archivo de sus procesos penales.

La minería ilegal es un delito contra los recursos naturales cuya consecuencia frecuente es la afectación ecológica. Según el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que 99 asambleístas aprobaron, seguramente sin leer porque de lo contrario no se explica, la culpa de esos “pasivos ambientales” no se puede achacar a los mineros que practican esta actividad sino al Estado, que no es capaz de controlarlos. Es “la falta de regularización y control de las actividades mineras”, dice, la causa de este lío, que en Buenos Aires se resolvió con operativo policial de cuatro días y batalla campal entre la fuerza pública y las mafias armadas hasta los dientes. Los mineros ilegales no solo no son responsables de nada: son víctimas (se los “criminaliza, hostiga y persigue”). No solo no dañan la naturaleza: la defienden. Y como la defensa de la naturaleza es una lucha política, la “actividad ilícita de recursos mineros” es un delito político. Dice el informe: “es un delito político porque es conexo a su labor como defensores”.

Con idénticos argumentos (de hecho, copiados y pegados de caso en caso a lo largo del informe) la Asamblea terminó por conceder la amnistía a 68 personas relacionadas con la actividad minera ilegal en Buenos Aires y vinculadas a nueve procesos penales por robo, daño a bien ajeno, intimidación, asociación ilícita y lesiones. ¿Qué robaron? ¿Qué bien ajeno dañaron? ¿Con qué fin ilícito se asociaron? ¿A quién y cómo lesionaron? El informe, que de principio a fin adolece de un olímpico desprecio por los hechos, escamotea estos detalles en la mayoría de los casos. Uno puede leer sus más de 360 páginas sin enterarse exactamente de qué se acusaba a los amnistiados. Lo único que parece preocupar a los asambleístas es establecer que todos esos delitos son políticos porque sus perpetradores anhelan un país mejor (en Buenos Aires son defensores de la naturaleza).

• ¿Causa justa? Los mineros ilegales no solo no son responsables de los daños ambientales. Son, según el informe aprobado por 99 asambleístas, defensores de la naturaleza.

Todo lo dicho, con ser bastante, no es todo. Queda flotando una pregunta obvia: ¿por qué los mineros ilegales de Buenos Aires son defensores de la naturaleza? Porque se oponen a la minería autorizada, representada en el sector por la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining. De hecho, muchas de las causas penales abiertas contra los hoy amnistiados provienen de denuncias presentadas por Hanrine. Esas causas han quedado automáticamente archivadas. ¿Y quién se querella contra Hanrine en Imbabura? El asambleísta por esa provincia y amigo de los mineros ilegales Mario Ruiz. ¿Y a quien acusó Hanrine ante la Fiscalía de intento de extorsión, por supuestamente haberles pedido 80 mil dólares para dejarles trabajar en paz? A Mario Ruiz. Y resulta que este disidente de Pachakutik es (caramba, qué coincidencia) el ponente del proyecto de amnistías. Solo le faltó amnistiarse a sí mismo porque el delito de extorsión, en su caso, no puede ser sino político.

El tratamiento de los casos de La Merced de Buenos Aires en la Comisión de Garantías Constitucionales y en el Pleno de la Asamblea (que no los trató en lo más mínimo, se limitó a aprobar lo que le pusieron por delante) es un compendio de todas las aberraciones del informe de amnistías: desconocimiento sistemático de los hechos, argumentaciones retorcidas, conflicto de intereses. No es verdad que solo las alrededor de 60 amnistías relacionadas con los hechos de octubre de 2019 sean las conflictivas: hay un problema de concepto que atraviesa la totalidad de casos.

Ahí están, por ejemplo, las 69 amnistías para personas acusadas de usurpación u ocupación ilegal. Son, básicamente, conflictos de tierras. Miembros de comunidades que reclaman la posesión ancestral de terrenos cuya propiedad es pretendida por otras personas. Tampoco aquí el informe de la Comisión aprobado por el Pleno es generoso en detalles. No explica, por ejemplo, qué documentos exhiben a su favor los querellantes. Simplemente lo resuelve todo con el argumento de los derechos colectivos, cuya defensa es una causa política, ¿qué más podría ser? Probablemente las comunidades tienen la razón en muchos de estos casos pero ¿es la amnistía la herramienta apropiada para resolver un conflicto de tierras? Hay personas naturales, ciudadanos de a pie, que han puesto demandas en las cortes con la legítima expectativa de un juicio justo. ¿Deben conformarse con que la Asamblea los archive sin escucharlos? Y, claro, uno de los beneficiados en relación con un conflicto de tierras con invasión de por medio es el propio Leonidas Iza.

El informe de amnistías inaugura, con el visto bueno de la Asamblea, una nueva era: la de un Ecuador dividido en facciones irreconciliables donde ciertas causas son patente de corso para delinquir y los ecuatorianos no indígenas tiene que, como quería la socióloga de izquierdas Natalia Sierra a propósito de octubre, agradecer a los indígenas por acogerlos (como si fueran extranjeros) y pedirles permiso para moverse por su tierra. No debe ser muy común en la historia que una amnistía se utilice para declarar a un país en pie de guerra.