Ana Belén Cordero dispuesta a afrontar la querella por injurias propuesta exgerente de Yachay
El juez Felipe Córdova pidió a la Asamblea que levante la inmunidad parlamentaria de la asambleísta oficialista
La asambleísta Ana Belén Cordero asegura que llevará el proceso por injurias interpuesto en su contra por el exgerente de Yachay, Héctor Rodríguez, hasta las últimas consecuencias. El exfuncionario presentó en la Corte Nacional de Justicia una querella por presuntas injurias.
El juez Felipe Córdova pidió a la Asamblea el retiro de la inmunidad parlamentaria de la legisladora oficialista y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización quien impulsó investigaciones por las posibles irregularidades registradas en las universidades emblemáticas como Yachay.
Vamos por la segunda parte de mi informe de fiscalización a las universidades emblemáticas: LAS SUBCONTRATACIONES- si, usted sabe de lo que le estoy hablando 👊🏻 pic.twitter.com/DdKdGu1xqj
— Ana BeIen Cordero (@abcorderoc) May 12, 2022
En su momento la asambleísta señaló que las posibles anomalías se habrían registrado durante la gestión del exgerente de Yachay. Según Cordero, la demanda fue presentada por Héctor Rodríguez quien tendría "más de cinco glosas" y procesos en su contra de acuerdo con investigaciones relacionadas con las universidades emblemáticas como Yachay.
El informe no tuvo el respaldo del bloque correísta en esa mesa legislativa, afirma. Por eso destaca que ella llevó el informe a la Contraloría, la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). "Le recuerdo señor Rodríguez que dentro de nuestro rol de Fiscalización estamos protegidos de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, llevaré adelante este juicio hasta las últimas consecuencias", dijo.
Las universidades emblemáticas se crearon durante el correísmo y el informe señaló responsabilidades de funcionarios de esa administración y la Comisión incluyó a autoridades del gobierno de Lenín Moreno. Entre esos centros superiores están: Yachay Tech, Regional Amazónica Ikiam, Universidad Nacional de Educación (UNAE), Universidad de las Artes (Uartes) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). En el documento de más de 200 páginas se mencionan supuestos contratos direccionados, casos de subcontratación a pesar de estar prohibidos por la ley, y elevadas cifras de gastos sin el debido sustento, entre otros.
Para tramitar el pedido del juez la Asamblea tiene 30 días. Si es que no lo hace se entenderá concedido el pedido de la Corte.
