El angosto camino para salvar las cárceles

La sombra de la improvisación acompaña a la administración carcelaria en Ecuador desde sus orígenes y eso le ha generado problemas conforme pasan los años. Según los archivos históricos, la construcción de la primera cárcel fue el penal García Moreno en 1869, el edificio era el más moderno de la época, pero 12 años después las prisiones eran casas que las adecuaban según la necesidad de encierro de las personas.

En la actualidad ocurre algo similar, el gobierno de Rafael Correa se jactó de invertir $200 millones para la construcción de grandes complejos carcelarios en Guayaquil, Cuenca y Latacunga, pero no se aseguraron de erradicar la corrupción del sistema, lo cual imposibilita que el Estado tenga el control de los centros de reclusión.

“Es uno de los factores de la crisis, a ellos les pareció una buena idea estos megacentros aplicados en otros países con otro contexto, sin adaptación a lo local y a las medidas de gestión y esto nos ha causado mucho más problema que lo que se esperaba resolver”, dijo Johanna Espín, docente en la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

La Constitución ordena en el artículo 202 que el sistema de rehabilitación nacional sea regulado por el Organismo Técnico, conformado por representantes de ocho instituciones públicas para evaluar la eficacia de las políticas y la gestión en las prisiones, pero el constante decomiso de armas, drones, droga, celulares y más elementos prohibidos, así como la extorsión que campea entre los grupos delictivos para dar comida, medicinas y hasta colchones, es la prueba de que la soberanía del Estado no existe en dichos territorios.

La Carta Magna establece en el artículo 35 que los privados de libertad pertenecen al grupo de atención prioritaria y que el Estado “prestará especial protección” a dicho sector, pero también los 403 reos fallecidos en diez masacres dadas en menos de dos años son otra muestra de que el Estado no precauteló sus derechos y tampoco existe la garantía de que no habrá otras matanzas en el país.

Entonces ¿Si no funciona lo público se podría optar por una administración privada?

Julio Ballesteros, exviceministro de rehabilitación social, indica que para optar por este camino es necesario una reforma al artículo 35 de la Constitución para que así la empresa privada pueda formar parte del trabajo directamente.

“Pero al reformar y sacarlos del grupo de atención prioritaria tendríamos problemas internacionales porque serían cambios regresivos en derechos; se los puso ahí con el fin de que no reincidan en delitos cuando recuperen su libertad”.

Sin embargo, Ballesteros enfatiza que no todo está perdido porque mediante la alianza pública privada se puede incluir la participación de la empresa privada, pero solo bajo el eje de rehabilitación social enfocado al área laboral y lo educativo.

“Hay experiencias en otros países, en donde el privado de libertad ejerce una plaza laboral y, al final, al cumplimiento de la pena, tenga un ahorro que sirva para su familia. En la actualidad se lo hace, pero muy mínimo”.

Espín puntualiza que la crisis carcelaria no se va a resolver “por entregar la administración a otras manos” especialmente cuando tampoco existen estudios claros de la realidad de las cárceles y sin una garantía de funcionamiento.

“Una de las grandes críticas es el control por ejemplo, son las armas y el problema no es que solo se corrompe lo público, sino también lo privado”.

Pero más allá del camino legal que se adopte para concretar una administración privada, los expertos alertan de problemas económicos para el Estado, como los que tienen las clínicas prestadoras de servicios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) porque llegará un momento en que el Estado no podrá pagarles.

“No será un sistema de rehabilitación, será un negocio más en el que buscarán tener más presos para mantener los ingresos de la entidad que adquiera el servicio. El reo le va a costar más al Estado porque cobrarán por lo que se haga, y como muchos lo van a querer hacer; llegará el momento en que como todo negocio con su boom deja de ser rentable y ¿qué buscarán? Llenar las cárceles con más detenidos”, dijo el especialista penal Julio César Cueva.

Otra de las preocupaciones de los expertos es que de aplicarse el sistema privado a las prisiones, se incremente la sobrepoblación carcelaria porque ya ocurre con la prisión preventiva.

En 2021, según el Consejo de la Judicatura, el 70 % de los internos en las 36 cárceles del país no tenía una sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, estaban con prisión preventiva. “¿Realmente se garantizará que se cumpla con los procesos y que no se detenga a las personas por cualquier cosa?, ese lucro puede terminar en generar perjuicios en personas que no tengan que estar tras las rejas”, instó Cueva.

Coinciden también y ponen de ejemplo a Estados Unidos, nación con la mayor cantidad de presos, a pesar de que la empresa privada solo tiene el 8,41 % del total de la administración.

El Instituto de Investigación de Política Criminal y Judicial (ICPR por sus siglas en inglés) mostró que en términos absolutos y en proporción numérica ese país cuenta con 629 reclusos por cada 100.000 habitantes.

Espín considera que Ecuador no está preparado para entregar el sistema carcelario porque además de que no funciona eficientemente para de pronto plantear un cambio administrativo, es muy poco probable que pueda supervisar y garantizar los derechos humanos de los reos. Y que no sean torturados mediante prácticas que son parte de una verdadera rehabilitación social.

Pero Espín y Cueva coinciden en que Ecuador debe “apuntar a la eficiencia administrativa del Estado”, eliminar la corrupción y fortalecer las instituciones que guardan responsabilidad con las cárceles y exigir su verdadero cumplimiento de funciones.

Ballesteros, por su parte, recuerda que aún no se cumple ni un año de la presentación de la primera política pública penitenciaria que se dio en febrero de este año, la cual consiste en aplicar una serie de mecanismos para que empiece a reestructurarse la administración existente en las prisiones y que esta debe de rendir frutos al menos en un mediano plazo.

No obstante, ese mismo documento impulsó el censo carcelario. La iniciativa debía terminar el 15 de noviembre de 2022, pero cuando tocó entrar a la Penitenciaría del Litoral fue suspendida porque no podían garantizar la vida de los técnicos en las entrevistas.

EL LLAMADO DE NACIONES UNIDAS

En febrero de 2021, las Naciones Unidas exhortaron al gobierno estadounidense a que también ponga fin a la subcontratación de todos los centros de detención, incluidos los que retienen a migrantes y solicitantes de asilo. El organismo expuso que dada la magnitud del encarcelamiento masivo que existe en Estados Unidos, la decisión anunciada beneficiará solo a un porcentaje muy pequeño de presos federales que se encuentran recluidos en prisiones privadas, excluyendo específicamente “a las personas vulnerables recluidas en centros de asilo y migrantes que corren un riesgo particular de sufrir violaciones graves de derechos humanos”. El organismo dijo que en 2019 un total de 116.000 prisioneros recluidos en instalaciones privadas representó el 16% de los presos federales.