El año electoral que funciona como un ‘flotador’ para el CNE
Un referendo, la consulta popular y las elecciones generales protegen al ente. Juicio político deberá esperar y la renovación lleva meses de retraso
Una fórmula infalible. Al Consejo Nacional Electoral (CNE) le cae proceso tras proceso electoral y el blindaje, aunque en el organismo no guste el término, está garantizado, al menos, por un año y medio más.
Esta vez es por partida triple. Primero, porque el CNE tiene pendiente desarrollar un referendo para ratificar en las urnas la reforma constitucional que aprobó el 21 de diciembre pasado la Asamblea Nacional.
Esta trata sobre la participación de las Fuerzas Armadas en temas específicos de seguridad en coordinación con la Policía Nacional. Para eso hay un plazo de 45 días (de los cuales han pasado quince), pero todo apunta a que se lo dilatará para tratar de hacerle coincidir con la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa y ‘ahorrar’ recursos.
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Ese es el segundo proceso que, aunque aún está en manos del control de la Corte Constitucional (CC), se podría desarrollar, en el mejor de los casos, a finales de marzo o, siendo más realistas, a inicios de abril si en la Corte no encuentran obstáculos como, según algunos constitucionalistas, sí los vaticinan.
Pero el proceso electoral que más tiempo puede extender las funciones de los integrantes del CNE son las elecciones de presidente, vicepresidente y asambleístas que deben desarrollarse en febrero de 2025.
Para aquello, el ente rector de los comicios ya prepara el inicio del período electoral que será declarado entre el 11 y el 18 de febrero de este año, según una fuente del CNE. Es decir, doce meses antes de las elecciones generales.
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Esta retahíla de comicios a los que ha visto avocado el país en los últimos años ha impedido, por ejemplo, que continúe en la Asamblea el juicio político planteado contra la presidenta Diana Atamaint; el vicepresidente Enrique Pita; los consejeros Esthela Acero, José Cabrera, y el exvocal Luis Verdesoto.
A ellos, los ahora exasambleístas de Pachakutik Mario Ruiz y Joel Abad los acusaron de incumplimiento de funciones, por no haber permitido que se verifiquen las inconsistencias de 39.000 actas en las elecciones de 2021 en las que triunfó Guillermo Lasso.
En julio de 2022, la Procuraduría del Estado respondió al Legislativo que no podía seguir con el trámite de fiscalización, porque para entonces ya se había declarado el inicio del período electoral para las seccionales de 2023.
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La actual Comisión de Fiscalización de la Asamblea ni siquiera se detuvo a analizar la continuidad de ese juicio político en este período, a sabiendas de que el país está a puertas de una nueva elección y, más aún, sabiendo que dejándolo por fuera, se acercan a otros como el de la fiscal Diana Salazar.
A eso, se suma que el concurso de renovación parcial de dos vocales titulares y dos suplentes del Consejo Nacional Electoral lleva algo más de dos años de retraso, ya que el cambio debía producirse en noviembre de 2021, pero recién en 2022 se hizo la convocatoria.
En algún momento del proceso hubo la duda de si se podría reemplazar a los consejeros cuando se encontraban en período electoral. La duda fue solventada afirmativamente, sin embargo, el concurso está detenido por una serie de recursos judiciales y la posibilidad que avance mientras se desarrollan los siguientes comicios es nula.
El 2023 marcó un récord
Con ligeros cambios en su composición, el actual CNE ha organizado desde 2019 cinco procesos electorales.
Ese año se hicieron cargo de las seccionales y de la elección del Consejo de Participación Ciudadana. En 2021, de las generales en las que triunfó Guillermo Lasso.
En 2023 se batió récord: en febrero hubo seccionales y consulta popular; en agosto elecciones adelantadas tras la muerte cruzada y en octubre la repetición de las elecciones en Calacalí.
En su última observación electoral, la OEA encontró un “cansancio electoral” por la cantidad de veces que los ciudadanos deben acudir a las urnas.
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