![David Rosero exvocal de Transparencia y Anticorrupción](https://imagenes.expreso.ec/files/image_440_279/uploads/2020/07/23/5f19872d768c0.jpg)
La anticorrupcion y las ‘offshore’ son compatibles
Tras el escándalo, el debate. Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a los ‘Papeles de Panamá’ -la mayor filtración periodística de la historia que reveló la opacidad de las sociedades ‘offshore’ en los paraísos fiscales y su vinculación a figuras públicas-, puso el foco donde pocos habían mirado. “En gran parte eso es legal”, dijo Obama sobre el desvío de fondos hacia este tipo de compañías. Y agregó: “Ese es el problema”.
En un sistema internacional donde la lucha anticorrupción ha ganado espacios a cuentagotas, muchos de los expertos consultados por EXPRESO miran con desconfianza la legalidad de las ‘offshore’, compañías constituidas en un país diferente de aquel donde operan, pues vuelve aún más complicado seguir los difuminados rastros del dinero ilícito.
El exvocal de Transparencia y miembro de la Comisión Anticorrupción, David Rosero, lo denomina “una evidente contradicción del sistema jurídico internacional”. A su criterio, las ‘offshore’ no solo resultan “antiéticas” sino que promueven, desde la legalidad, “la evasión y el ocultamiento”.
Pero no todos coinciden. Hay quienes, aunque reconocen la opacidad del sistema, creen que es, de hecho, una motivación más para la lucha anticorrupción.
Es el caso del contralor general Carlos Pólit, quien entiende la lucha contra la corrupción, precisamente, como los esfuerzos por “develar cualquier tipo de mecanismo que pueda ser usado para el encubrimiento de acciones irregulares, evadir los necesarios controles estatales o eludir la normativa que debe regir a los funcionarios”.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, María José Carrión, cree que “el problema no está en la legalidad de la conformación de una compañía”, sino en que estas no hayan pasado por un proceso de conformación como exige la ley.
En la otra orilla queda el procurador Diego García, quien coincide con el fiscal general Galo Chiriboga: “El uso del mecanismo ‘offshore’ no es necesariamente ilegal”, apuntó. ABP-CM