Ley Antipillos: la Asamblea Nacional contrataca
Análisis | Asamblea demanda la inconstitucionalidad de la entrada en vigor de la ley contra el lavado. De paso, hace campaña
La Asamblea contrataca: con 77 votos a favor y la predecible oposición de la bancada oficialista, el Pleno resolvió este viernes 13 de diciembre de 2024 presentar una acción de inconstitucionalidad contra la publicación en el Registro Oficial, por disposición del presidente de la República, de la denominada “ley antipillos”, que había sido previamente archivada por el Legislativo. De esta manera, la solución del desacuerdo entre poderes del Estado quedó oficialmente en manos de la Corte Constitucional, a la que la Asamblea pidió también que suspenda los efectos de esa ley “a fin de que los ecuatorianos no paguen más impuestos”.
Sobre la mesa, el debate constitucional que ha dividido al país: ¿puede la Asamblea archivar un proyecto de ley económica urgente en el primer debate o necesariamente debe hacerlo al término del segundo? ¿Tiene el presidente de la República la facultad de ordenar la publicación en el Registro Oficial (y, por tanto, poner en vigor) una ley que ha sido expresamente negada por la Asamblea? Menos de una hora duró el debate parlamentario, que estuvo presidido por la presentación de tres docentes universitarios de la cátedra de Derecho Constitucional que fueron recibidos en comisión general para exponer sus criterios académicos sobre la materia. Carlos Pontón, Pablo Jácome y Gustavo Silva no sólo respaldaron la postura del Legislativo sino que uno de ellos (Jácome) prendió las alertas frente a la conducta del presidente Daniel Noboa porque “podría estar configurándose -dijo- un régimen autoritario: publicar una ley archivada por la Asamblea es una amenaza clara al Estado de Derecho”.
Claro que las autoridades de la Asamblea pudieron invitar a otros juristas que argumentaran exactamente lo contrario. La asambleísta de gobierno Nathaly Farinango, la única que defendió la postura del Ejecutivo, incluso los nombró: Stalin Raza, Sebastián López, Carlos De Tomaso, José Chalco… Todos ellos han defendido en público la actuación del Ejecutivo. Cuando la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, quien bajó a su escaño regular para intervenir en el debate, dijo que “la academia ha dado la razón a esta Asamblea”, sabía en el fondo que estaba forzando las cosas.
Sin embargo, eso no restó contundencia a los argumentos del Legislativo: que la actitud del gobierno viola los principios de independencia de poderes y soberanía parlamentaria; que el presidente se está atribuyendo la facultad de dirimir un conflicto que no le compete, pues ante la duda debió recurrir a la Corte Constitucional; que, al actuar de esa manera, está desconociendo una costumbre parlamentaria consagrada a lo largo de los años y expresada en 52 leyes archivadas en primer debate... “Ninguna de esas leyes era económica urgente”, argumentó Farinango. “Sólo hay un procedimiento, no hay dos”, replicó el asambleísta de Construye Jorge Peñafiel. Y precisó: “se necesitan dos debates para aprobar una ley, no para rechazarla”. Y él también prendió una alarma: “El presidente -dijo- quiere desconocer a la Función Legislativa, quiere decir al país que el Legislativo no tiene la facultad de legislar”.
Asambleístas aprovechan el enredo para hacer un guiño a su electorado
En medio de la aridez del debate constitucional, no desaprovecharon algunos asambleístas la oportunidad que les ofrecía el proyecto de ley para hacer un guiño a su electorado en tiempos de campaña. La presidenta Viviana Veloz, por ejemplo, explicó su postura en razón de su oposición a los nuevos impuestos a los carros usados que propone la norma. Y el comunicado oficial de la Asamblea se centra en ese tema: “Asamblea no permitirá que los ecuatorianos paguen más impuestos -dice-, por ello respalda a la presidenta del Legislativo para presentar demanda de inconstitucionalidad”. Como si el problema del conflicto de competencias no existiera. En todo caso, fue el legislador de Construye Cristian Vega, no Viviana Veloz, quien presentó la moción de elevar el tema a la Corte Constitucional.
Por lo demás, Ana Galarza echó mano del nombre original de la “ley antipillos” para recordar su verdadera naturaleza: “Ley para la mejora recaudatoria (y subrayó esta palabra cuatro veces: recaudatoria) a través del combate al lavado de activos”. Lo cual no termina de tener un significado claro. De hecho, podría llamarse exactamente al revés: ley para el combate del lavado de activos a través de la mejora recaudatoria. Pero a los políticos ecuatorianos les falta gramática para darse cuenta.
Solicitud. En su resolución, la Asamblea exhorta a la Corte Constitucional a dar un “tratamiento prioritario” a su demanda de inconstitucionalidad.
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