¿Se anulará el concurso de defensor público tras fallo judicial contra el CPCCS?

Un nuevo revés. A pesar de que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) resolvió designar a Ricardo Morales Vela como defensor público, una jueza se pronunció sobre la acción de protección que presentó la expostulante del proceso, Maritza Romero.

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Luego de que el pleno del CPCCS resolviera descalificarla del concurso por supuestas violaciones a los derechos humanos, el 10 de junio de 2024 Romero presentó el recurso por considerar que la decisión fue ilegal y violatoria a su seguridad jurídica.

Tras dos diferimientos, el 28 de junio de 2024, la jueza Mónica Freire aceptó parcialmente la acción de protección de Romero y dictaminó que en efecto el desarrollo del proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública había vulnerado sus derechos.

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Dos días antes, el 26 de junio de 2024, el pleno del CPCCS ya había resuelto desconocer el informe final de la comisión ciudadana y designar a Ricardo Morales Vela como el ganador del concurso de selección y designación del nuevo defensor público.

DEFENSOR PÚBLICO: MEDIDAS DE REPARACIÓN NO INCLUYEN ANULAR EL CONCURSO

Según la expostulante Maritza Romero indicó a EXPRESO, si bien es cierto que la jueza Freire reconoció que se violaron sus derechos, esta no dictaminó que el concurso de defensor público deba anularse o retrotraer a alguna de sus fases. En máximo 20 días, el CPCCS deberá ofrecerle disculpas públicas.

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"No se anuló el concurso, pero al determinarse que se violentó mis derechos constitucionales se reconoce que fui la mejor y más puntuada, por encima del participante Ricardo Morales", sostiene Romero y acota que el objetivo de su recurso no es que ella sea designada.

De acuerdo con Romero, la intención de su acción de protección era que "se reconozca la vulneración de mis derechos porque este es un proceso viciado por todos lados". Pese la jueza dictó lo contrario, hace hincapié en que "lo correcto sería que se declare la nulidad de todo el proceso".

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Al ser viciado el proceso, acota Romero, la designación de Ricardo Morales Vela como nuevo defensor público sería ilegal, ya que, además, el pleno resolvió desconocer el informe final de la comisión que desarrollo el concurso, mismo que el reglamento señala es vinculante.

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