Apagones ahondan la crisis en unidades judiciales de Guayas

El abogado Emilio Macías tuvo que citar en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del norte de Guayaquil a las partes procesales para resolver un caso de divorcio.

La principal razón es porque las salas de los complejos judiciales del Guayas permanecen en precarias condiciones. Tienen problemas de desaseo, destrucción de su infraestructura y carestía en insumos de oficina y equipos dañados para el funcionamiento de las oficinas.

“Creo que es mejor citarlos en estos lugares para que no sean testigos de cómo el sistema de justicia no tiene lugares dignos para impartirla”, lamentó.

Sin embargo, no todos los casos pueden ser tratados en salas de mediación que existan en las UPC, las audiencias de los temas penales deben ser tratadas en salas especializadas y frente a un juez.

Julio César Cueva, abogado penalista, sostiene que la justicia atraviesa una situación de crisis, especialmente en Guayas, admitió que en varias ocasiones, cuando le ha tocado ser parte de una audiencia, ha tenido que revisar si en otras salas, que no son utilizadas a esa hora, hay sillas, escritorios y más elementos para poder iniciar la diligencia.

“Ahora es tan compleja la situación que primero no cuentan con plantas eléctricas, por lo tanto: los problemas de conexión hacen que las audiencias, que por razones de seguridad se cumplen de manera virtual, se caigan y pone en riesgo que las causas prescriban, las prisiones preventivas caduquen y en dos o tres meses esas audiencias queden acumuladas; lo que va a hacer que el trabajo de los jueces sea más difícil”.

Recalca que el que no cuenten con los elementos necesarios para “trabajar dignamente” ha trastocado hasta en la forma de vestir: “tengo que quitarme el saco porque hace mucho calor, debido a que los aires acondicionados están dañados y con los apagones es peor”.

El pasado 10 de octubre, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, realizó un nuevo recorrido por el complejo Judicial Norte Florida. La última vez que lo hizo fue para las fiestas julianas. Y fue ahí cuando se dispuso la entrega de recursos.

Un proyecto para mejorar la infraestructura está en marcha

“Es fundamental conocer de cerca las necesidades para definir qué acciones debemos tomar y continuar mejorando el servicio. Solo de esta manera podremos contribuir al fortalecimiento de la justicia”, señaló en su visita del pasado jueves.

Guayas cuenta con 187 salas de audiencias, que se distribuyen en 26 Unidades Judiciales. Diario EXPRESO solicitó al Consejo de la Judicatura nacional que detalle la cantidad de recursos invertidos en adecuación de infraestructura, pago de deudas de servicios básicos, adquisición de insumos de oficina, mueblería, personal y más, y respondió que asignó recursos a finales de julio pasado.

Se trata de algo más de un millón de dólares para atender asuntos de servicio de aseo y limpieza entre 2024 y 2025. No obstante, cuando se pidió que se evidencie la inversión de recursos, expuso que se hizo la entrega y corresponde a la administración provincial responder.

Pese a que la administración provincial debe rendir cuentas al sistema central, este Diario intentó obtener el detalle del uso de $1.740.000, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta a la solicitud.

A finales de 2021, el Consejo de la Judicatura expuso un plan de adquisición de $4’273.856,55 para atender tan solo las dependencias de garantías penitenciarias debido al incremento de la violencia criminal, especialmente en cárceles.

El objetivo era solucionar brechas de infraestructura física, equipamiento de oficina y contratación de 56 funcionarios, entre jueces, secretarios, ayudantes y técnicos.

El estándar de funcionamiento es de una computadora, una extensión IP, una silla y un escritorio. También una impresora por cada 15 funcionarios y un mueble de biblioteca por cada juez. Pero aún se espera la respuesta del CJ para conocer los valores totales requeridos en el sistema nacional.

• Realidad. Abogados en Guayas indican condiciones inapropiadas para trabajar. Apuntan abandono por parte del sistema de justicia.

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