Aquiles Álvarez: ¿podría enfrentar prisión por comercio ilegal de combustibles?
El alcalde de Guayaquil y otros miembros de su familia están en la mira por presunto comercio irregular de combustibles
El gobierno ecuatoriano ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, su hermano Antonio Álvarez, y otras ocho personas, incluyendo una gasolinera y una empresa.
La acusación detalla su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con el comercio irregular de combustibles.
Detalles de la denuncia
La denuncia, sustentada por pruebas obtenidas durante operativos realizados en los últimos meses, revela una serie de irregularidades y actividades ilegales que comprometen la legalidad en la distribución y venta de combustibles en Guayaquil.
Entre las evidencias presentadas se encuentran documentos, grabaciones y testimonios que apuntan a una red organizada de comercio irregular, con conexiones que alcanzan a la administración municipal.
Los puntos más relevantes de la denuncia incluyen:
- Incongruencias en volúmenes y facturación: Se identificaron discrepancias significativas entre los volúmenes de combustible despachados por Petroecuador y la facturación electrónica de varias estaciones de servicio. Se destaca una diferencia de 745,718 galones adicionales de diésel vendidos por Fuelcorp S.A., cuya procedencia no está clara.
- Comercialización no autorizada: Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. facturó a Fuelcorp S.A. 2,183,546 galones de diésel, a pesar de que Gasgrupco no está autorizada como comercializadora para abastecer a Fuelcorp S.A. Los administradores de Gasolineras Copedesa Gasgrupco son Fernando Peñaherrera Venegas y Xavier Álvarez Henríquez, mientras que los accionistas incluyen a Antonio Álvarez Henríquez, Aquiles Álvarez Henríquez y Xavier Álvarez Henríquez.
- Proveedores no autorizados: En 2023, Fuelcorp S.A. adquirió combustibles de cuatro proveedores presumiblemente no autorizados por la Agencia de Regulación y Control de Energía: Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Gasolinera Guayaquil Gasquil S.A., Galo Palacios Zurita y Gasolineras Copedesa Gasgrupco.
- Ventas sospechosas: En 2024, Fuelcorp S.A. vendió combustibles a cuatro contribuyentes en cantidades significativas, presuntamente comercializadoras no registradas. Las ventas no registran ninguna placa, lo cual genera sospechas sobre su legalidad.
- Despachos inusuales: Se registraron 8,019 vehículos abastecidos por Fuelcorp S.A. en 2022, una cifra alarmante. Un vehículo en particular, que debería usar gasolina extra, registró un consumo inusual de 117,000 galones de gasolina extra y 3,000 galones de diésel.
El funcionario denunciante, Franklin Erreyes Tocto, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, señaló que las inconductas denunciadas afectan la actividad hidrocarburífera y el medio ambiente, lesionando al Estado ecuatoriano.
Denuncian millonarias diferencias en venta de combustibles
La denuncia presentada por Franklin Erreyes Tocto incluye varios puntos clave. Entre los denunciados se encuentran Juan Daniel Gonzales Jurado, César Emilio Bravo Ibáñez, José Ricardo Cevallos Avellán, José Ignacio Franco Magallanes, y las compañías Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A.
La conducta penalmente relevante de los denunciados afecta la explotación de bienes hidrocarburíferos, dañando al Estado ecuatoriano a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Las diferencias entre el volumen de combustible despachado y el facturado, así como la comercialización no autorizada de combustibles, son algunas de las principales infracciones detalladas en la denuncia.
La Fiscalía General del Estado procederá con las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades y posibles sanciones correspondientes.
Aquiles Álvarez podría ir a prisión
De acuerdo con el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal, la comercialización ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles sin la debida autorización, o su desviación a un segmento distinto del autorizado, conlleva sanciones severas. Las penas pueden variar según la escala del delito:
- Mínima escala: De dos a seis meses de prisión.
- Mediana escala: De seis meses a un año de prisión.
- Alta escala: De uno a tres años de prisión.
- Gran escala: De tres a cinco años de prisión.
Aquiles Álvarez podría enfrentar una pena privativa de la libertad de hasta cinco años si se demuestra su participación en estas actividades ilegales. Además, si se determina la responsabilidad de una persona jurídica en el cometimiento de la infracción, la sanción incluirá la clausura temporal por un tiempo igual al de la privación de la libertad dispuesta para la persona natural. Los socios o accionistas de la persona jurídica también serán inhabilitados.
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