Aquiles Álvarez reportó $ 0 de gastos de campaña para la Alcaldía, según informe
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) presentó un reporte sobre los ingresos y gastos de la campaña electoral pasada que presentaron los partidos
Un análisis a las cuentas reportadas por organizaciones políticas en las elecciones para la Alcaldía de Guayaquil identificó datos curiosos en los ingresos y gastos de campaña.
De los once candidatos, ocho presentaron reportes quincenales, como lo establece la Ley Electoral. Jaime Paez, Eduardo Montenegro y Jimmy Jairala no registran esos reportes.
Este último político, en cambio, fue el único que no presentó su balance consolidado, según una confirmación del Consejo Nacional Electoral a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), organización no gubernamental que realizó el informe.
Enseguida las cifras que presentaron partidos y movimientos, de acuerdo con el reporte.
La candidatura de Aquiles Álvarez, quien fue electo alcalde de Guayaquil por la Revolución Ciudadana, registró $ 25 de ingresos y $ 0 de gastos en la campaña de inicios de este año, pese a que sus actividades de promoción electoral fueron notorias, según el informe de la fundación.
En el cierre de campaña también se realizó una actividad de promoción a favor de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), algo prohibido por la ley, dijo el subdirector de la fundación, Marcelo Espinel, quien agregó que eso podría acarrear sanciones para la organización política y para quienes aspiraban a ocupar el cargo en el organismo que en teoría debe ser ciudadano y no un apéndice de una agrupación política, o para cualquier persona que incurrió en la infracción.
Espinel detalló que varias personas, cuya vestimenta tenía los colores de la Revolución Ciudadana, entregaban cartillas para simular la votación para esas dignidades, también conocidas como 'pollas' electorales.
Este tipo de monitoreo se hizo en diferentes cierres de campaña con la ayuda de jóvenes que registraron las novedades en soportes audiovisuales.
EXPRESO pidió un comentario a Álvarez a través de su equipo de comunicación, pero no hubo una respuesta.
La candidatura de Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano, reportó $ 0 de ingresos y de gastos, en los 9 informes entregados. Sin embargo, en sus actividades de campaña fue notorio aparataje usado para promocionarla.
Andrés Roche, procurador de la alianza que impulsó esa postulación, dijo que “toda la información con respecto al proceso fue debidamente presentado y reposa en el CNE”.
Jimmy Jairala también comentó que las cuentas de su campaña fueron presentadas oportunamente por el responsable económico que fue el Ing. Aldo Farfán.
Se contactó a Farfán y este aseguró a EXPRESO que el informe económico financiero de las cuentas de campaña del candidato Jairala fue presentado dentro del plazo determinado, en la delegación del CNE Guayas.
En cambio, la candidatura de Rocío Serrano, quien fue auspiciada por el Partido Sociedad Patriótica, reportó $ 214 de ingresos y de gastos.
José Orbe, de Avanza, reportó $ 569 de ingresos y $ 0 de gastos.
John Garaycoa, de la Izquierda Democrática, presentó $ 0 de ingresos y gastos.
Iván Tutillo, de Renovación, registró $ 3.387 de ingresos y $ 3.385 de gastos.
Pedro Pablo Duart, de SUMA, reportó $ 14.335 de ingresos y $ 2.442 de gastos.
En el informe de la FCD, el apartado del entonces candidato Jonathan Parra, de Mover, presenta la leyenda "Indeterminado".
Marcelo Espinel, de esa fundación, cuestionó la falta de transparencia, tanto de las organizaciones políticas como del Consejo Nacional Electoral (CNE) por inconsistencias en los reportes, falta de datos detallados, y limitado acceso a la información, por ejemplo de los balances consolidados, que según la ley es de carácter público, en ese mismo orden..
También señaló la falta de fiscalización del CNE sobre las actividades de campaña de los partidos y movimientos.
Adelantó que la fundación presentará una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por las presuntas infracciones electorales graves de partidos, movimientos y candidatos que podrían ser objeto de sanciones con multas de hasta 70 salarios básicos, pérdida de derechos políticos, por ejemplo.
