La Comisión de Seguridad investiga el supuesto tráfico de combustibles en las empresas comercializadoras.
La Comisión de Seguridad investiga el supuesto tráfico de combustibles en las empresas comercializadoras.Foto: Flickr Asamblea Nacional

ARCH explicó los controles que realiza a gasolineras vinculadas a Álvarez

ARCH, Energía y Petroecuador hablaron del control que realiza el Gobierno por supuesto tráfico de combustibles

Los delegados del Ministerio de Energía, de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y de Petroecuador comparecieron en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Los funcionarios explicaron las investigaciones por el supuesto tráfico de combustibles en gasolineras vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y que denunció el Gobierno.

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Durante la sesión de la tarde del lunes 23 de septiembre de 2024, Juan Carlos Chimbo, delegado de la ARCH manifestó que la entidad efectuó controles a ocho personas jurídicas (representantes legales) por esas supuestas ilegalidades. Además, la Directora Zonal de la Agencia en Guayas presentó dos denuncias por posibles irregularidades en la Fiscalía General del Estado. 

Controles a Codepesa y otras firmas

El funcionario dijo que los controles se realizaron a Codepesa, Gasquil, Gasgrupco, Fortidex, Indudiesel, Ternapepetroleum, Corpalvah y Corpalubri. Además, la Agencia impulsó un expediente administrativo en contra de la primera firma y sus redes de distribución.

La Comisión de Seguridad, presidida por la oficialista Inés Alarcón (Acción Democrática Nacional, ADN), investiga casos de presunto tráfico de combustibles, que denunció el Gobierno en julio. En este caso se indaga a Codepesa, empresa vinculadas a hermanos Álvarez Henriques. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez es uno de ellos.

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El vicepresidente de la Comisión, Leonardo Berrezueta (Revolución Ciudadana, RC), preguntó al delegado de la Arch el número de personas naturales y jurídicas investigadas por el caso de presunto tráfico de combustibles. Sin embargo, el funcionario dijo que enviará la información al legislador. 

Luego, Chimbo respondió que hay ocho personas jurídicas que están siendo investigadas. Sin embargo, el parlamentario cuestionó que la cifra no concuerda con los 915 sujetos que, aparentemente, habría referido el Servicio de Rentas Internas (SRI) que son indagadas. Tildó como "show político" la comparecencia.

La asambleísta gobiernista, Lucía Jaramillo (ADN), criticó a Berrezueta y le dijo que "intenta solapar la corrupción de la vieja política, es urgente que la Comisión de Seguridad trate este tema, porque con el tráfico de combustible se deriva a los actos ilícitos como el narcotráfico, también el combustible subsidiario es utilizado para pesca y minería ilegal". 

En ese momento, el vicepresidente de la mesa intentó hablar y Alarcón puso un punto de orden.

Según la oficialista, las gasolineras de "Copedesa perjudicaron al Estado con 94 millones del subsidio de gasolina", como lo denunció el Gobierno.

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Durante la sesión, el representante de Energía, Gabriel Zárate, explicó que el Ministerio entrega las autorizaciones a las comercializadoras de combustible, luego de verificar que cumplan con los requisitos. Uno de ellos es que esas empresas deben vender el hidrocarburo a al menos 10 gasolineras.

Luego de ese permiso y si consta en el Registro Único de Proveedores (RUP), Petroecuador asigna un código único a las comercializadoras para abastecerles de combustible. Sin embargo, en caso de que "se presentaran irregularidades, se emite un oficio a la Arch y se procede a la suspensión del código único", aseguró Ernesto Samanante, delegado de la estatal petrolera.

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