La ‘armonía’ del pasado se difuminó el año que finaliza
En organismos como el CNE salen a flote las divergencias entre bloques. Las relaciones interinstitucionales también tuvieron altibajos.
De la ‘coordinación’ extrema a casi ni hablarse, en algunos casos. Las disputas y distancias internas, pero también externas, han marcado el funcionamiento de varias entidades estatales durante el año que termina.
La época en la que todas las funciones del Estado giraban en torno a los designios y la figura presidencial es cada vez más un recuerdo lejano. El proceso de reinstitucionalización que dice haber emprendido el Gobierno ha hecho florecer puntos de vista distintos que a veces tensan al límite el funcionamiento de las instituciones.
El caso más evidente es el del Consejo Nacional Electoral (CNE), en donde la mayoría encabezada por la presidenta, Diana Atamaint, tiene constantes roces con la minoría que la conforman el vicepresidente, Enrique Pita, y Luis Verdesoto.
En el organismo electoral se han hecho desde observaciones eminentemente técnicas hasta menciones que están relacionadas con aspectos personales de los integrantes del CNE.
“Esto sí dificulta el trabajo. Las cosas que hemos visto dan cuenta de que en este pleno hay intenciones de boicotear el trabajo que hacemos y tener un protagonismo individual”, reconoció Atamaint, consultada por EXPRESO.
A inicios de año, también hubo un distanciamiento entre la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura (CJ), cuando la fiscal, Diana Salazar, reclamó por la emisión de una resolución que quitaba atribuciones a la entidad. El impasse fue resuelto aunque en el ambiente todavía persiste cierto aire enrarecido.
El CJ también tuvo que enfrentar el descontento de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que fueron sometidos a un proceso de evaluación. Al final, de los 36 magistrados evaluados, 23 fueron cesados.
En la década pasada, el expresidente, Rafael Correa, consideraba que era el jefe de todo el Estado, en el que incluía al “Poder Judicial, Poder Electoral, Poder de Transparencia y Control Social, superintendencias, Procuraduría, Contraloría”. Sus detractores aseguran que ejerció el control de todas las funciones a su antojo.
En la Asamblea, por ejemplo, el Ejecutivo no estaba acostumbrado a recibir un no por respuesta. Las propuestas y proyectos eran tramitados casi sin modificaciones. La administración actual ha sufrido algunos reveses como la no aprobación de la Ley de Crecimiento Económico y la Proforma 2020, que entró por el ministerio de la ley.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, considera que esto es producto del proceso de reformas estructurales en las que el poder que ya no está concentrado en una sola persona. La reflexión la hizo a propósito de la decisión de una jueza de liberar a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien es investigada por rebelión.
Pese a los reveses, “la buena noticia es que vivimos en un Estado de derecho en el que las decisiones que toman los jueces se respetan. Se respetan los derechos humanos, pese al papel que ha jugado en algunos casos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y creo que eso es parte de la reinstitucionalización que vive el país”, señaló.
Participación se tensa por dentro y fuera
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha escapado a esta ola de desacuerdos internos y con otras instancias del Estado.
La elección del superintendente de Ordenamiento Territorial provocó que cuatro de los siete integrantes del organismo se reúnan de forma extraordinaria, sin el presidente del CPCCS, Christian Cruz.
También las reformas que se analizan en la Asamblea a las atribuciones de Participación han generado asperezas entre los dos organismos.
