Asamblea: 4 horas de paja por sesión

La flota pesquera internacional (los tristemente célebres barcos chinos que devastan las riquezas marítimas en el límite mismo de la reserva de Galápagos) no ha sido vista hace meses por aquí. Eso no impidió que un legislador (Washington Varela, de Sociedad Patriótica) propusiera discutir en el Pleno de la Asamblea Nacional una resolución para rechazar su presencia. Introdujo el tema a través del mecanismo de “cambio del orden del día”, del que cabe esperar razonablemente que sea utilizado para las cuestiones urgentes; elaboró un proyecto de resolución para “fortalecer acciones” contra los barcos, si bien no plantea ninguna concreta y se limita a expresar sus buenos sentimientos y su apoyo a la Cancillería; sometió su propuesta a votación y obtuvo un masivo respaldo de 129 asambleístas. ¿Quién podría oponerse? Obviamente, una resolución semejante no disuadirá a la flota de marras de poner proa hacia estos rumbos cuando le venga en gana; ni marcará la diferencia en lo que haga o deje de hacer al respecto la Cancillería ecuatoriana que, por lo demás, no necesita el respaldo retórico de nadie. ¿De qué sirve, entonces, la iniciativa de Washington Varela?

He ahí la cuestión: no sirve para nada que no sea engrosar el informe que el asambleísta de Sociedad Patriótica presentará en su rendición de cuentas. Cuando llegue ese momento, como presidente de la Comisión de Biodiversidad invitará a las organizaciones ecologistas y podrá darse lija contándoles sus acciones en defensa de la diversidad marina. Podría ser distinto. Podría tratarse, por ejemplo, no de un miembro de la Comisión de Biodiversidad, sino de un representante de los ecuatorianos residentes en el exterior. En ese caso, en lugar de ocuparse de la flota china, presentaría un proyecto de resolución para “condenar el desproporcionado aumento del arancel consular”. Es lo que hizo la correísta Esther Cuesta. Cuando ella organice su rendición de cuentas en un recinto ferial de Queens, un salón de recepciones de Lavapiés o donde fuera, ya podrá jactarse ante los asistentes de haberse jugado defendiendo sus derechos. Aunque su propuesta, aprobada con 71 votos correístas y socialcristianos, no sirva absolutamente para nada.

Estas son solo dos de una lista larga de resoluciones a las que el Pleno viene dedicando sus mejores esfuerzos y, como se verá, un porcentaje nada desdeñable de su tiempo. El proyecto de resolución de Cuesta sobre los aranceles consulares, destinado a convertirse en un saludo a la bandera que la propia proponente sabe inútil (no puede no saberlo), produjo un debate en el que se sintieron obligados a intervenir el resto de asambleístas representantes de los residentes en el extranjero, los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales y algún que otro oficialista en defensa del Gobierno. Entre eso y el proceso de votación, una hora con veinte minutos. El proyecto de resolución sobre la flota china, en cambio, atrajo la participación de los asambleístas de Galápagos y duró algo menos: una hora con cinco. Nomás hay que hacer cuentas.

La Asamblea se instaló el 14 de mayo y dedicó los primeros veinte días de sesiones a su organización interna: elección de autoridades y conformación de comisiones. Desde el 3 de junio, cuando arrancó (es un decir) el trabajo legislativo propiamente dicho, hasta el pasado martes 27 de julio, se han celebrado ocho sesiones del Pleno (algunas en doble jornada), en las cuales 17 resoluciones han sido aprobadas. La mayoría de ellas fueron introducidas mediante propuestas de cambio del orden del día, de las cuales ha habido veinte en las ocho sesiones mencionadas. La Asamblea anterior, para poner límites a la feria de retórica barata, había establecido un número máximo de cambios por sesión: tres. Tramitarlos a todos (leerlos, escuchar a los ponentes, votar) toma alrededor de hora y cuarto. Si a esto se suma entre una hora y una hora y media de debate y votación por cada propuesta de resolución, se obtendrá una cifra pavorosa: cada vez que el Pleno de la Asamblea Nacional se dispone a instalar una sesión, corre el riesgo de perderse durante cuatro o más horas en un mar de paja, de demagogia pura y dura, de retórica vacía, ineficaz, ofensivamente inservible. Cuatro horas por sesión. Multiplíquese.

La mayoría de las 17 resoluciones aprobadas son exhortos al presidente de la República: para que ejecute los pagos pendientes de los incentivos jubilares, para que aplique el Plan de Seguridad Ciudadana, para que cumpla la Ley de Apoyo Humanitario, para que congele el precio de los combustibles... Una asambleísta de Chimborazo le exhorta a declarar al cantón Chunchi en emergencia por “la inminente amenaza” de deslizamientos: un caso extraordinario de emergencia preventiva. Otro, un correísta de Sucumbíos, aprovechando que el sector de San Luis, provincia del Napo, se encuentra en emergencia por el problema de erosión que amenaza a la hidroeléctrica Coca Codo, exhorta al presidente para que amplíe la emergencia... ¡a toda la Amazonía! Un asambleísta de Pachakutik representante de los residentes en el extranjero pide a Guillermo Lasso que incremente los fondos para pago de repatriación de cadáveres. Otro más le anima a derogar el impuesto del 2 por ciento a las ventas de las microempresas, que es algo así como exhortar al monstruo de las galletas a que se coma una caja de galletas.

Hasta el momento se ha legislado casi nada: tratamiento de objeciones parciales represadas, algún proyecto pendiente del período anterior y poco más. En cambio, los asambleístas no dejan de fantasear con participar en las labores del Ejecutivo. Un presidente de la República (cualquiera) sabe exactamente dónde poner estos exhortos. Y un asambleísta con dos neuronas en el cráneo, que los hay, está perfectamente persuadido de la inutilidad de este tipo de resoluciones. Sin embargo, les resulta imposible renunciar a semejante fuente inagotable de demagogia.

Hay que leer los textos de esas resoluciones. Algunos son sorprendentes. Los hay de ocho o diez páginas, con una treintena de considerandos y más de seis artículos, incluyendo llamados a comparecer a los ministros concernidos, encargos de seguimiento a las comisiones correspondientes y otros procedimientos que amenazan con mayores pérdidas de tiempo. En la Asamblea medra un ejército de asesores que pasan horas entregados a la tarea de redactar esos textos y buscar puntillosamente las motivaciones jurídicas, los artículos constitucionales, los antecedentes históricos, los contextos sociales que justifiquen un estado de emergencia en Chunchi que jamás (esto se sabe desde el primer momento) será decretado. Semejante vocación por la palabrería inútil es un síntoma (por si se necesitara de otro) de la descomposición de la política parlamentaria en el Ecuador.

El Pleno resuelve... ser corte

Los correístas son la bancada que mayor número de propuestas de resolución presentan en el Pleno. Desde esa dudosa trinchera libran su guerra particular contra la Corte Constitucional. 

Ellos fueron los más entusiastas con la primera resolución aprobada por la Asamblea: aquella que defiende la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, declarada inconstitucional por la Corte y de la que el Pleno dice que “reúne todos los requisitos constitucionales”. 

Luego vino el caso Ciadi. “Jueces vendepatrias”, los llamó Esther Cuesta por haber facultado al Ejecutivo a suscribir ese convenio arbitral sin pasar por la Asamblea. 

El pasado martes, una resolución del Pleno rechazó la decisión y desaprobó el convenio. Mediante resolución simple, la Asamblea usurpa las funciones de la Corte Constitucional.