Asamblea achanta caso de esclavitud al Ejecutivo

Una coincidencia recurrente. La Asamblea Nacional coincide con otras instancias gubernamentales e internacionales que la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., a sus trabajadores ha configurado un proceso de esclavitud moderna. El tema, en el Legislativo se retomará en enero por parte de la Comisión de Derechos Colectivos.

El presidente de la Mesa, Jaime Olivo, luego de varias reuniones presentó un borrador de informe que será aprobado por los comisionados a su regreso del feriado de fin de año.

En el documento al que tuvo acceso EXPRESO, se hace mención al trabajo que ha realizado cada ministerio involucrado en el tema, Trabajo, Agricultura y Gobierno, que han tomado acciones en el ámbito de sus competencias; pero creen que han sido insuficientes.

“Sin embargo el Estado debe reforzar estas acciones y replicarlas en los campamentos que aún se puedan encontrar en estado de vulneración, con el objeto de erradicar y evitar que se sigan dando estas prácticas continuas realizadas por la empresa Furukawa C.A. las cuales se han configurado como un proceso de esclavitud moderna”, dice el documento.

Las críticas del organismo legislativo se enfocan en el Ministerio de Agricultura. La Comisión concluye esta cartera de Estado ha incurrido en una serie de incumplimientos, ya que debió iniciar de manera inmediata el proceso de expropiación de tierras por la verificación de prácticas de precarización prohibidas por la ley, así como la investigación del posible cometimiento de delitos.

Los comisionados recomiendan que se observe el accionar de los ministros de Agricultura y de Gobierno, por no tomar las acciones necesarias para frenar las violaciones de derechos humanos de los trabajadores, sin descartar una acción política.

No es el único organismo al que le preocupa el tema. Ahmed Reid, representante de misión de Naciones Unidas, la semana pasada dio a conocer su preocupación por los informes de impunidad y las continuas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de las plantaciones y sus familias por parte de la empresa japonesa Furukawa.

La ONU recoge las recomendaciones que tiene el informe de la Defensoría del Pueblo, y plantea al Gobierno: indemnización de los trabajadores por la violación de sus derechos humanos; expropiación de la tierra que se otorgará a los trabajadores; y, el cierre de la empresa Furukawa.

Además, agrega que: los nacimientos de los hijos de los trabajadores sean registrados; entregar documentos de identidad a los trabajadores; que los trabajadores y sus hijos deben recibir becas de estudio en escuelas y universidades; y, que los trabajadores tengan pleno acceso a atención médica, a vivienda y al mercado formal de trabajo.

Reclamamos derechos

Nunca nos aseguraron, siempre trabajamos sin los implementos necesarios, no nos pagan lo que es y vivimos en donde no hay luz, agua, ni un servicio higiénico, Nos han tratado como esclavos y lo que queremos es que se nos ayude y se respete nuestros derechos.

Lo que quieren es dinero

El mismo agitador, en forma audaz, alevosa y descarada, en junio del 2018, propuso a la compañía que si le entregaba la suma de $4 millones “la dejaría en paz. Dos meses más tarde bajó su exigencia a un millón y medio de dólares”, lo cual fue denunciado ante la Fiscalía.

Defensoría

Establece que existe “servidumbre por gleba” que es la condición de la persona que está obligada por ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y prestar a esta, mediante remuneración o gratis, determinados servicios, sin libertad de cambiar su condición.

Fedexport

Exculpa a la empresa

El presidente de la Federación de Exportadores del Ecuador (Fedexport), Daniel Legarda, en carta dirigida a los ministros de Trabajo,Gobierno y Comercio Exterior, exculpa a la empresa Furukawa diciendo que las sanciones de Estado serían un “nefasto precedente para la agroindustría de exportación”.

Justicia

No a la acción de protección

Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas inadmitió la acción de protección presentada por los trabajadores en contra de Furukawa y el Estado ecuatoriano mientras la empresa continúa demoliendo campamentos donde permanecían los trabajadores.