La inseguridad obliga a la Asamblea a ampliar y acelerar el debate de leyes
La inimputabilidad de menores de edad inmersos en delitos entraría en discusión. Los llamados son los representantes del área seguridad y justicia
En la Asamblea Nacional se prepara un encuentro de diferentes entidades del Estado para tratar el tema de la inseguridad y llegar a acuerdos que se traduzcan en leyes que deberían estar listas antes de que finalice el año.
El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, informó este 5 de octubre de 2022 que para mañana, 6 de octubre, ha convocado a los ministros de Gobierno y del Interior, a la fiscal General del Estado, a los presidentes de la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia (CNJ), entre otros, para abordar esta problemática.
El objetivo es que sobre la base de los proyectos de reformas sobre seguridad que ha presentado el Ejecutivo, se incluyan las observaciones y recomendaciones de otras instancias en cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en temas carcelarios y la inimputabilidad de menores de edad, inmersos en actos delictivos, que actualmente contemplan las leyes ecuatorianas.
A esta mesa de diálogo, informó Saquicela, se convocará a especialistas y representantes de distintos sectores con los que se dialogará por un espacio de 60 días para que luego, en 30 días, la Comisión de Seguridad de la Asamblea presente el informe de segundo debate. “Ojalá antes de fin de año tengamos aprobadas las reformas”, señaló el presidente de la Asamblea.
Este anuncio se hizo en el marco de la entrega de los acuerdos alcanzados por los equipos técnicos del Legislativo y el Ejecutivo en la construcción de la Ley de Inversiones que ahora va a manos del presidente Guillermo Lasso.
“Aspiramos que sea aprobada, a más tardar, en noviembre”, dijo Saquicela previo a transferir el documento al secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo.
Este último señaló que los consensuado tiene dos bloques. El primero sobre transformación digital e incentivos para las industrias digitales y audiovisuales. El segundo, es sobre zonas francas, incentivos fiscales y seguridad jurídica para la inversión y la producción.
Sin embargo, no todo ha sido acuerdos en la construcción de esta normativa. Los disensos deberán ser abordados primero por el Ejecutivo, luego por la Comisión de Desarrollo Económico y luego por el Pleno.
