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El Pleno Nela Martínez de la Asamblea Nacional.ANGELO CHAMBA

Asamblea: ¿la bicameralidad ayudaría a tener mejores legisladores en Ecuador?

Aunque la propuesta seduce, analistas sostienen que no soluciona los problemas políticos centrales del sistema

En un país en donde el Parlamento presenta bajas cifras de aprobación, según diversas mediciones al cierre de 2024, proliferan las propuestas de reforma, especialmente en el contexto de una campaña electoral.

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Precisamente es este el panorama presenciado en las próximas elecciones presidenciales de Ecuador, en las que más de un candidato con aspiraciones de ocupar el Palacio de Carondelet ha lanzado sus ideas: endurecer los requisitos para ser asambleísta, modificar (una vez más) el método de asignación de escaños, etc.

Sin embargo, la propuesta que halla mayor consenso entre los candidatos presidenciales es la necesidad de reformar el sistema parlamentario, es decir, pasar de un Pleno único de asambleístas a uno bicameral, con una cámara baja y otra alta que, además, funcione como “filtro” del Legislativo.

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De hecho, durante buena parte de su historia política, Ecuador ya contó con un sistema bicameral, que fue reemplazado, en primera instancia, por el Congreso Nacional y, más recientemente, desde la vigencia de la Constitución de Montecristi, por la Asamblea Nacional.

La polarización, la primera barrera para la bicameralidad en Ecuador

Aunque los cambios de partido, los bailes, las denuncias de diezmos, entre otras polémicas, hacen comprensible la propuesta de modificar el sistema parlamentario ecuatoriano, César Litardo, expresidente de la Asamblea Nacional, señala que la bicameralidad no es la salida que el país requiere.

“La bicameralidad haría más engorrosos los procesos legislativos y alargaría los trámites. En un país como el nuestro, eso implicaría mayores dificultades políticas”, comenta, y señala que ese tipo de conflictos ya se ha podido observar en las últimas legislaturas, donde difícilmente se logran mayorías.

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Sin embargo, los reparos de Litardo no se limitan al ámbito político, sino a la representatividad de los ecuatorianos: “La cámara alta está comúnmente enfocada en representantes nacionales y eso limitaría la participación de las provincias”, siendo un retroceso para los avances de la democracia ecuatoriana.

Por otra parte, aunque no comparte la idea de la bicameralidad, el expresidente de la Asamblea Nacional señala que la posible solución para los problemas que atraviesa el Legislativo radica en otra premisa: tener mayor calidad que cantidad de representantes de los ecuatorianos en el Parlamento.

“Lo que hay que hacer es una reducción importante del número de asambleístas. Además, exigir a los partidos políticos una mejora en la selección de perfiles para la Asamblea”, acota y señala que esta reforma también debe tomar en cuenta y respetar la representatividad de las provincias.

En ese sentido, hace hincapié en que “lo más importante es tener calidad antes que cantidad (de asambleístas). Se necesita seleccionar personal con experiencia en esta tarea, más allá de que la Constitución señale que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos”.

De hecho, una enmienda de esta naturaleza ya cuenta con un dictamen favorable de la Corte Constitucional y pasó, en junio de 2024, el primer debate en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la propuesta genera posturas encontradas por una supuesta limitación a los derechos políticos.

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La última experiencia de una asamblea constituyente fue la impulsada por el gobierno del expresidente Rafael Correa en 2007archivo

Un parlamento bicameral no subsana los problemas estructurales

Sin embargo, para Mauricio Alarcón, jurista y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), el problema del Legislativo no se solucionará con ninguna de las dos propuestas antes mencionadas. Incluso señala que tener un mejor Parlamento pasa por tener votantes más conscientes.

El problema con la Asamblea no es de cantidad, sino de calidad. Esa calidad no mejora poniendo requisitos en las leyes ni cambiando los textos constitucionales”, comenta, haciendo hincapié en que mayor severidad en los requisitos para ser asambleísta no necesariamente garantiza una mejor Legislatura.

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En ese sentido, Alarcón sostiene, al igual que Litardo, que uno de los principales responsables son las organizaciones políticas: “La calidad mejora cuando los partidos políticos nos presentan cuadros con buena formación, buena experiencia, ética e integridad. Eso no ocurre en muchos casos”.

Pero no es el único. El director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) recalca que los ciudadanos también inciden: “Si votamos por camiseteros no esperemos resultados distintos. Si ya han evidenciado representarse a sí mismos, no esperemos que lo hagan por nosotros”.

Por estas razones, ahora discrepando con Litardo, Alarcón considera que no hay una “fórmula mágica” que mejore la Asamblea Nacional sin antes agotar las vías que aún no se han explorado: votar con consciencia y dejar de lado las afinidades o antipatías partidistas en las elecciones.

Esto, según Alarcón, también pasa por reconocer que hay un problema de origen que ha desatado otros conflictos y que en algún momento habrá que debatir y reformar para tener verdaderos cambios y no demagogia en el país: “Regresar a un Congreso, aumentar o reducir el número de legisladores, o cambiarle el nombre a la Asamblea resulta irrelevante si es que no se corrige el problema de fondo que es el nefasto sistema de funcionamiento de la política instalado desde la Constitución de 2008”.

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