Asamblea: CAL conoció la solicitud de juicio político contra consejeros del CPCCS
El CAL también conoció los juicios políticos planteados contra el juez electoral Ángel Torres y la exministra Vianna Maino
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional conoció el 15 de junio de 2024 cuatro nuevas solicitudes de juicio político, entre ellas, la presentada en contra de dos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
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Según la asambleísta correísta Ana Herrera, proponente del juicio político contra los consejeros del CPCCS, el objetivo de los procesos es "restaurar la confianza" de dicha institución.
El juicio político está dirigido a los consejeros Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto. En el caso de Guarderas, la legisladora alega violación de la reserva de una denuncia ciudadana, abuso de poder, presunto tráfico de influencias y presunta falsificación de firma.
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Por otra parte, en el caso de Verdezoto, Herrera señala recoge las dos denuncias que trascendieron desde el CPCCS: la reunión con Daniel Frías, entonces mejor postulante del concurso de defensor público y la denuncia sobre el presunto pago de arriendo por parte de uno de sus asesores.
El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, asegura que se ha confirmado un bloque sólido de oposición en la Asamblea Nacional, en contra de Daniel Noboa. Uno de los objetivos es un posible juicio político al primer mandatario. pic.twitter.com/bY8VAM9U6w
— Diario Expreso (@Expresoec) June 5, 2024
El Consejo de Administración Legislativa también conoció los juicios políticos presentados en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, y la exministra de Telecomunicaciones del gobierno de Guillermo Lasso, Vianna Maino.
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El juicio político a Torres fue presentado por la bancada del movimiento Construye por el fallo que en primera instancia eliminó a la organización política del registro de partidos políticos.
Vianna Maino, por su parte, es cuestionada por la presunta falta de transparencia en la entrega de información sobre el reglamento para normar el espectro radioeléctrico del país por parte de las empresas telefónicas privadas.
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Las solicitudes de juicio político serán remitidas a la Unidad de Técnica Legislativa para que, en máximo de tres días, emita el informe no vinculante de cumplimiento de requisitos.
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