El Pleno de la Asamblea debatió si aprobar o no la conformación de una Comisión Ocasional para investigar los casos de corrupción en el sector público.
El Pleno de la Asamblea debatió si aprobar o no la conformación de una Comisión Ocasional para investigar los casos de corrupción en el sector público.Foto: Gustavo Guamán/ EXPRESO

Asamblea crea Comisión ocasional para investigar irregularidades en el Gobierno

Pide investigar qué generó otro apagón, y la supuesta corrupción en contratos de alimentación en cárceles y desayuno escolar

Lo que comenzó como un planteamiento para investigar el apagón que dejó sin luz al Ecuador el 19 de junio fue el justificativo para que el asambleísta Jaime Moreno, de Construye, proponga la moción de crear una Comisión Ocasional que investigue las irregularidades en contra de la administración pública durante el Gobierno de Daniel Noboa.

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La propuesta, presentada y aprobada en la sesión 936 de este jueves 20 de junio de 2024, señala que la Comisión ocasional esté integrada por Moreno y cuatro asambleístas más: Mariana Yumbay (Pachakutik), Blasco Luna (Revolución Ciudadana), Nicole Saca (ADN, oficialismo) y Geovanny Benítez (PSC). Esta mesa durará 30 días, cuyo plazo se podrá ampliar por 30 días más y deberá presentar informe no vinculante a la Asamblea luego de ese período.

De 137 legisladores, 124 estaban presentes en el Pleno para votar. 18 parlamentarios intervinieron en el debate y expusieron sus criterios a favor y en contra de la creación de la Comisión ocasional. 

Luego de sus intervenciones, se aprobó la conformación de la Comisión ocasional con 90 votos afirmativos. Hubo 33 abstenciones, un voto negativo y 13 asambleístas ausentes.

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Moreno dijo que "es necesario tener esta comisión para la investigación contra las irregularidades de la administración pública, que debe ser multipartidista para tratar diferentes casos" y elevó a moción conformar esa mesa.

El parlamentario aseguró que "CELEC, dentro de su contratación, está adquiriendo un software similar a la plataforma llamada Quipux, de más de 6 millones de dólares, que reemplazará al actual. ¿Es necesario en plena crisis eléctrica que cambie sistema de gestión documental?", cuestionó.

Posteriormente, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dio paso al debate, en el que Ferdinand Álvarez cuestionó dos veces el manejo de la sesión porque no se publicaban los nombres de los parlamentarios que solicitaban la palabra. 

Construye minimizó las declaraciones desde el oficialismo, de que se intenta dar un golpe de Estado contra Noboa y apuntó a que las diferencias aparecen luego de que ya no existe un pacto entre el Gobierno y el correísmo.

Los asambleístas correístas de la Revolución Ciudadana (RC), en cambio, atacaron a la bancada de ADN. Señalaron que se ausentan del Pleno y criticaron que Noboa no haya realizado obras.

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Camilo Salinas, también de Construye, resaltó su función como fiscalizadores "de las acciones irregulares que pasan en el sector público. El Gobierno debe ser responsable". Mencionó que desde su bancada se ha evidenciado la falta de medicinas e insumos en hospitales, el escaso control de contaminación de metales pasados y la nueva aparición de los apagones, que Moreno advertía que pasaría por el manejo en CNEL. Un argumento similar lo expuso su compañero 

Para Paola Cabezas (RC), la Comisión es necesaria y habló de la investigación en la crisis carcelaria. Aseguró que hay intereses económicos con empresas vinculadas y se están entregando contratos de la alimentación para los presos que, según la empresa Laffatoría serían de 300 millones de dólares, "que fue adjudicada a una empresa pública que es parte de la ESPE". Señaló que conocen de firmas que tendrían contratos con el Estado y una de ellas involucraría a la tía del presidente

Vicente Taiano (PSC) tildo de "cortinas de humo" a la declaración de la jefa del bloque de ADN, Valentina Centeno, de que se intentaría dar un golpe de Estado desde la Asamblea. Se refirió al caso Encuentro que llevó a juicio político a expresidente Guillermo Lasso y apoyó la propuesta para fiscalizar.

Francisco Jaramillo, de Gente Buena, apuntó a que los funcionarios de entidades públicas tienen nombramiento y son de gobiernos anteriores del correísmo y morenismo. Señaló que la comisión investigará delitos contra la administración pública como peculado, concusión y cohecho. Cuestionó que se dé crédito a la Laffatoria, que es una "empresa vinculada al crimen organizado y la esposa de Fito, un cabecilla criminal". Su compañera de bloque, María Teresa Pasquel, por su parte, criticó que se vea "la pelea de unos y otros cuando se les acabó el pacto".

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Jhajaira Urresta (RC) señaló que el Gobierno tiene funcionarios improvisados e incumplió el ofrecimiento de campaña de no reducir los subsidios a los combustibles. 

Por su parte, el oficialista Ramiro Vela (ADN) manifestó que la fiscalización se pueden tramitar en comisiones orgánicas "pero queremos inventarnos el agua fría". Criticó que la Asamblea no condene al presidente que envía la migración más grande, en referencia al Gobierno de Colombia, pero señaló que respalda la creación de la Comisión.

En referencia a Vela, Fernando Cedeño (RC) mencionó que seis preguntas de a consulta popular pertenecían a su comisión, pero en ese entonces el oficialismo pidió crear otra ocasional para tratar las reformas. Dijo que los hechos conocidos podrían conllevar a casos de corrupción y delitos contra la administración pública.

En la misma línea, Sofía Espín cuestionó el estado de carreteras, el regreso de los apagones y que no existe el plan Fénix. Aseguró que lo que hace el Gobierno es "hablar mal de otros presidentes de la región". 

Mientras apoyaban la creación de la comisión, asambleístas como Jorge Peñafiel, Sofía SánchezSamuel Celleri descartaron la aseveración del Gobierno de un plan de desestabilización y el correísmo apoyó a la propuesta de Construye. 

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