La Asamblea cumple pero no acata la sentencia sobre juicios políticos
Análisis. El Pleno se rebela contra la orden que manda a retomar tres juicios políticos. Sin embargo, Fiscalización obedece
El juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que este viernes 6 de septiembre de 2024 debía entrar en su etapa de pruebas en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, quedó suspendido hasta nuevo aviso.
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Así lo decidió la presidenta de esa mesa, la correísta Pamela Aguirre, horas después de que el Pleno adoptara una resolución terminante pero ambigua sobre la acción de protección que manda a la Asamblea a retomar tres juicios políticos contra exministros de Guillermo Lasso que habían sido archivados tras el retiro de las firmas de respaldo.
El Pleno decidió “rechazar pero no desacatar” esa orden judicial. En el plano retórico, eso quiere decir que están muy enojados con la sentencia; en términos prácticos, significa que la acatan. Por lo menos hasta que se pronuncie la Corte Constitucional.
¿Cómo quedan los juicios políticos?
Así, el día en que la Asamblea se reinstaló una vez concluido su receso, la pregunta del millón quedó sin respuesta: ¿qué juicio político viene ahora? ¿El de la fiscal Diana Salazar, tal como correspondería según el orden original de las cosas? ¿O los de los exministros de Lasso que consigan juntar nuevamente las firmas de respaldo?
La decisión de Pamela Aguirre es “que se retrotraiga lo actuado hasta el momento en el cual tuvo lugar el retiro de firmas”. Según esto, la Comisión de Fiscalización debe reunirse ahora para considerar los juicios políticos a Sebastián Corral, Pablo Arosemena y Andrea Montalvo (secretario de la Administración, ministro de Finanzas y titular de la Senescyt del gobierno pasado, respectivamente). Los dos últimos habían sido propuestos por ADN, la bancada de Gobierno, y es probable que consigan reiniciarse con nuevas firmas de respaldo.
Todo de acuerdo a lo mandado por el juez Édgar Romero en una sentencia que, según quedó demostrado hasta la saciedad en la sesión matutina del Pleno, es ilegal y constituye un atropello a las facultades de fiscalización de la Asamblea.
Corte Constitucional y las acciones de protección
La orden judicial de retomar tres juicios políticos ya archivados se opone a una sentencia de la Corte Constitucional donde se establece que los procesos de fiscalización en el Legislativo no están sujetos a acciones de protección.
Esta, además, adolece de una falla insubsanable de procedimiento: básicamente, fue presentada dos veces por la misma persona, la asambleísta de gobierno Inés Alarcón, primero ante un juez civil de Iñaquito, luego ante un juez penal de Quitumbe. Y esa duplicación está expresamente prohibida. “Cambió de juez porque el primero no iba a fallar a su favor”, aventuró Berrezueta, no sin lógica.
Avalan acciones contra juez y asambleístas
El presidente Henry Kronfle ya presentó ante la Corte Constitucional una solicitud de seguimiento de sentencia. Mientras espera la resolución respectiva, la Asamblea prepara el contraataque. La resolución aprobada en la sesión matutina de este martes, propuesta por Berrezueta, no solo rechaza aunque no desacata la sentencia, sino que autoriza al presidente a interponer “todos los recursos que sean necesarios” para evitar que semejante intromisión en la independencia de funciones se repita.
Eso incluye presentar acciones contra el juez Édgar Romero ante el Consejo de la Judicatura y disponer al Comité de Ética de la Asamblea para que analice la conducta de los asambleístas de gobierno que solicitaron la acción de protección: Inés Alarcón y Andrés Jurado.
“Hasta cuándo van a seguir tapando a los ministros del señor Lasso”, protestó Inés Alarcón, que fue la única asambleísta que tomó la palabra en defensa de la acción de protección.
La verdad que todo el mundo sabe es que no se trata aquí de tapar a nadie, sino de acelerar el cronograma de los juicios políticos para llegar a aquellos que interesan a los correístas y que la bancada de gobierno trata de evitar: el ya iniciado contra la ministra de Gobierno y, sobre todo, el de la fiscal Diana Salazar. Llegarán a su tiempo, una vez que la Corte Constitucional, como ya es costumbre en el país, deshaga los líos que arman los políticos.
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