Comisión del Derecho al Trabajo y reforma IESS
Sesión de la Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social del pasado 7 de diciembre, donde se trató el proyecto de reformas al IESS.Cortesía

La Asamblea debatirá reforma que prohíbe al Estado disponer de los fondos del IESS

La Comisión del Derecho al Trabajo aprobó el informe para primer debate que modifica la conformación del directorio del IESS y del BIESS

En una sesión vespertina de este lunes 8 de enero, la Comisión del Derecho al Trabajo aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a las Leyes de Seguridad Social y del BIESS, de iniciativa popular, que entre otros aspectos, modifica la integración del Consejo Directivo del IESS y del Directorio del BIESS.

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Según informó el área de prensa de la Asamblea Nacional, previo a la elaboración del informe, la comisión escuchó las observaciones de 24 personas, entre ellos actores sociales y representantes de instituciones como el Consejo Nacional Electoral, IESS, BIESS, Superintendencia de Bancos, Juntas de Política y Regulación Financiera y Monetaria, Ministerio de Finanzas, Corporación Financiera Nacional, gremios de jubilados y afiliados al Seguro Social.

El proyecto modifica la integración del Consejo Directivo del IESS. Este quedaría conformado por cinco miembros principales: dos representantes de los afiliados activos, un representante de los jubilados, un representante de los empleadores del sector privado y un representante del sector público, designado por el Ministerio del Trabajo. Cada uno de los miembros principales tendrá su respectivo alterno. El período de duración será de cuatro años y podrán reelegirse por una sola vez, de forma consecutiva o no.

El Directorio del Banco del IESS estará integrado por cinco (5) miembros principales; estará presidido por el Presidente del Consejo Directivo del IESS, organismo que designará a los otros miembros mediante concurso público de oposición y méritos. Los miembros principales durarán cuatro años en sus cargos y tendrán sus respectivos alternos, quienes serán designados de la misma forma que los principales, con excepción del Presidente del Consejo Directivo del IESS, que en ausencia temporal o definitiva lo subrogará el Vicepresidente del Consejo Directivo del IESS; permanecerán en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados.

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En otro orden, el proyecto dispone que la creación de nuevas prestaciones estarán debidamente financiadas, conforme lo dispone el artículo 369 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre la base de estudios actuariales y de proyecciones matemáticas confiables.

Según la propuesta, los fondos y reservas del seguro social obligatorio son propios del seguro universal obligatorio, los mismos deben destinarse exclusivamente al financiamiento de sus prestaciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio.

Además, la Superintendencia de Bancos realizará la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del manejo financiero de los fondos y reservas del seguro social, de las inversiones y del patrimonio, administrados por el IESS y el BIESS.

Comisión del Derecho al Trabajo y reforma IESS
La Comisión de Derecho al Trabajo pidió informes y comparecencias de representantes de diversas entidades.Cortesía

En el análisis de la propuesta los legisladores ratificaron su compromiso de trabajar por el fortalecimiento de la Seguridad Social en beneficio de los afiliados, jubilados y pensionistas. El informe será remitido de inmediato a la Presidencia de la Asamblea Nacional, para que se lo ponga en consideración del Pleno del Legislativo.

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En el informe, la mesa legislativa consideró que el ordenamiento previsto en la Constitución determina que el sistema de seguridad social se guía por los principios de inclusión, equidad social, obligatoriedad, integración, solidaridad y subsidiariedad, debiendo para ello tener la característica de ser universal e incluyente; es decir, incluir en su dirección a trabajadores y empleadores por igual.

Por tratarse de un proyecto de iniciativa ciudadana o popular, tiene un plazo perentorio para ser tratado por la Asamblea. Este es de 180 días, de los cuales, según sus proponentes, ha transcurrido ya más de la mitad, por lo que el Legislativo debería despachar este proyecto de reforma legal, en primero y segundo debate, dentro de ese término. 

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