Ley Antipillos: la Asamblea demandará su inconstitucionalidad el 18 de diciembre
Con esa acción, la Asamblea también plantea la suspensión del cobro del impuesto a la compraventa de vehículos
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, anunció que mañana, miércoles 18 de diciembre del 2024, se presentará la demanda de inconstitucionalidad en contra de la denominada 'Ley Antipillos'. Con esto, el Legislativo apunta a que ese Decreto Ley sea bajado del Registro Oficial.
El viernes pasado, el Pleno del Parlamento aprobó una resolución propuesta por el asambleísta Cristian Vega. En ese documento se rechazó la decisión del Ejecutivo sobre enviar la Ley pese a que la Asamblea sí se pronunció al negar y archivar el proyecto que llegó como económico -urgente. En ese sentido, la Asamblea tiene la postura de la inexistencia jurídica del Decreto Ley.
Sin embargo, la demanda de inconstitucionalidad llegará a la Corte con un pedido para la suspensión del cobro del impuesto a la compraventa de vehículos usados. Esto porque los parlamentarios tienen claro que el proceso para que esa entidad se pronuncie puede tomar un tiempo considerable.
¿Cuál es el conflicto con la Ley?
El Decreto Ley incluye el cobro del impuesto a la compraventa de vehículos usados. El oficialismo insistió en que no se trataba de un nuevo tributo y que, incluso, el que ya existe y es del 1% se reduciría para los vehículos cuyo valor sea Igual o menor a $20.000.
Pero, para la oposición en la Asamblea, este era un nuevo intento recaudatorio. Por eso, Construye, en el primer debate de la ley planteó el archivo.
En la normativa también se incluían mayores facultades a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y planteaba la posibilidad de que los equipos de fútbol se conviertan en sociedades anónimas.
Después del archivo de la Ley, el Gobierno respondió con regresar a la Asamblea su resolución y la semana pasada envió al Registro Oficial la 'Ley Antipillos'.
Con esa publicación, el Decreto Ley está vigente. Por eso, la Asamblea plantea la suspensión del cobro y, en la resolución del viernes pasado, se advirtió que los funcionarios que implementen la normativa podrían enfrentar responsabilidades civiles y administrativas.
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