La Asamblea desempolva el legado del correísmo
La Comisión de Seguridad entregó su informe sobre la manipulación de estadísticas para encubrir la violencia criminal
No era el país más seguro de la región: era el gobierno más embustero. La hipótesis de que la administración de Rafael Correa ejecutó un fraude estadístico con el fin de encubrir la violencia criminal de los carteles del narcotráfico que prosperaron en el Ecuador tras la salida de la base de Manta, cobra cada vez más fuerza. Sobre todo porque no hay otra explicación estadística posible de lo que ocurrió durante esos años.
Fue el politólogo, matemático y analista de datos de la London School of Economics Arduino Tomasi, actualmente en la Universidad de Chicago, quien descubrió la patraña: un subregistro de 7.379 muertes violentas (a razón de 1,7 diarias, así de escandoloso) que fueron reclasificadas en categorías ambiguas y que el correísmo (quizás ese sea su mayor legado) dejó sin explicar ni investigar: “muertes de intención no determinada”.
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La tarea de hallar a los responsables en la era del correísmo
El hallazgo es conocido pues ha estado en el centro del debate público al menos desde agosto del año pasado. Ahora la Asamblea Nacional se ha dado la tarea de identificar a los responsables políticos de la manipulación. Por el momento hay dos: el exministro del Interior José Serrano, que no por nada había arremetido contra Tomasi, amenazándolo con llevarlo a juicio en Estados Unidos, y el ex fiscal general Galo Chiriboga.
Sus nombres aparecen en un informe de 128 páginas que la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea, presidida por la oficialista Inés Alarcón, publicó esta semana y que recoge las conclusiones preliminares a las que arribó tras escuchar a una veintena de expertos, víctimas y testigos. Al final, entre las resoluciones, consta la de “disponer a la Fiscalía General del Estado que investigue penalmente los hechos documentados en este informe” y que inicie procesos de oficio por “alteración de datos, omisión de funciones, encubrimiento y delitos de lesa humanidad”. También propone una serie de reformas legales para impedir nuevas manipulaciones estadísticas en el futuro, establecer una fiscalía especializada en desapariciones y reabrir ciertos casos emblemáticos.
Leer los testimonios, reproducidos en el informe, de quienes comparecieron ante la Comisión parlamentaria (autoridades policiales, técnicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, agentes fiscales, médicos forenses...) es comenzar a entender las condiciones institucionales en las que pudo tramarse el fraude estadístico del correísmo.
Se vivía, en los años inmediatamente posteriores a la salida de la base de Manta, un estado de permanente reorganización institucional que diluyó las competencias, hasta entonces muy claras, del registro de la información y de la elaboración de estadísticas.
Se crearon nuevos organismos con departamentos especializados y se activaron comisiones y diferentes instancias burocráticas de validación de datos, incluso con metodologías discordantes. Las diferencias entre los registros estadísticos del INEC y aquellos de la Policía causaron inconformidad entre los militares, llamados a convalidar lo que les parecía una imposición de los criterios políticos sobre los técnicos, según recogió un documento militar interno que este Diario dio a conocer en septiembre pasado y que Arduino Tomasi citó en su comparecencia.
La Dinased, una creación del correísmo
Hasta el 2010, el registro de las muertes violentas estaba a cargo de la Dirección Nacional de la Policía Judicial de Investigaciones. Durante el correísmo se creó la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), con un departamento de análisis de información encargado de sistematizar el registro de muertes violentas, más una Comisión Especializada de Estadísticas de Seguridad, Crimen y Transparencia, con más peso político que el anterior, y, para abundar, un Grupo de Fortalecimiento Estadístico, en el que parece ser que el Ministerio del Interior llevaba la voz cantante y que actuaba como la última instancia de validación de las estadísticas policiales ya corregidas por el INEC, según se desprende de los testimonios contenidos en el informe parlamentario.
Y luego estaba la Fiscalía de Galo Chiriboga, cuyo aparente papel en esta historia consistía en omitir los protocolos o en administrarlos a discreción. Porque los protocolos estaban clarísimos, según explicaron los especialistas del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense que comparecieron ante la Comisión: básicamente, los forenses entran en acción cuando los activa la Fiscalía. En todas las etapas del proceso, el cuerpo de una persona fallecida por causas violentas es tratado como el primer y principal indicio de la investigación. Una vez concluido el levantamiento de pruebas en la escena, el cuerpo es trasladado en un vehículo isotérmico hasta la unidad de medicina forense más cercana y es la Fiscalía la que dispone si realizar o no “la gestión técnica”, es decir, la autopsia para determinar la causa de la muerte. El hecho de que más de 7 mil muertes violentas quedaran sin explicar es bastante elocuente sobre la manera como la Fiscalía manejaba esta parte del proceso.
Una investigación completa deberá incluir, por tanto, el testimonio ante la Fiscalía de los servidores fiscales y forenses de aquel entonces, así como de todos los integrantes de las comisiones, dirección, grupos y organismos de todo tipo ocupados en confundir las estadísticas desde el año 2010 en adelante. Y de los directivos del INEC durante el correato, pues el simple hecho de que no les haya llamado la atención la anormalidad estadística que representa el incremento de las muertes violentas no explicadas por fuera de toda proporción y tendencia es, en sí, sospechoso. No es normal que el incremento de las muertes violentas no explicadas sea proporcional a la disminución de asesinatos. No es normal que el mapa de incidencia de esas muertes no explicadas coincida en todos sus detalles con el mapa de lo que las investigaciones policiales identifican como la ruta del narcotráfico en el país.
Otros fenómenos de seguridad
Pero ahí no se agotan los caprichos estadísticos de ese período. Como se recordará, los hallazgos de Arduino Tomasi recogían otros dos fenómenos claramente relacionados con el incremento de las actividades del crimen organizado: las desapariciones de personas y la trata infantil.
Con respecto a lo primero, las cifras recogidas en el informe de la Comisión parlamentaria son aterradoras: el abogado especialista en derechos humanos Juan Pablo Albán hizo notar que, en relación con la población, las 48.633 desapariciones denunciadas en el Ecuador entre 2014 y 2018 son más altas que las de México. El México de los carteles, el de la pax narca, el de la política de abrazos-y-no-balazos… El país donde un reciente, estremecedor descubrimiento (el de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, que parece haber funcionado como campo de entrenamiento y exterminio a sólo 60 kilómetros de Guadalajara, la segunda ciudad más grande), está siendo encubierto por el gobierno de los aliados políticos estratégicos del correísmo y ya lo había sido por la Fiscalía estatal.
El caso de David Romo, cuya madre, Alexandra Córdova, y sus abogados rindieron testimonio ante la Comisión, demuestra que esa voluntad de encubrimiento funcionó también en el Ecuador de Rafael Correa.
No sólo que los organismos que en ese entonces dirigía José Serrano declararon reservado el expediente y ocultaron todo tipo de errores procesales, sino que promovieron deliberadamente narrativas falsas que atribuían a la víctima adicciones inexistentes y se llegó al extremo (enfermo, retorcido) de matar un cerdo para montar una teoría sobre la supuesta incineración de su cuerpo.
Por eso, no es una exageración que la Comisión se pregunte si no será el momento de investigar la eventual existencia en el país de ranchos de exterminio como el que maneja en Teuchitlán el cartel Jalisco Nueva Generación, cuyas franquicias operan en el Ecuador.
¿Pudo haber también participación y encubrimiento del Estado en los casos de tráfico infantil?, se pregunta la Comisión. Y cita estadísticas oficiales de las Naciones Unidas para sustentar el hecho de que, durante los años inmediatamente posteriores a la salida de la base de Manta, el tráfico de niños en el Ecuador se situó un 60 por ciento por encima del promedio de América Latina. Son los años que coinciden con la presencia en Carondelet del pediatra Pablo Aníbal Izquierdo, trabajando como asesor presidencial en temas de salud.
Pablo Aníbal Izquierdo: capturado en 2024 y procesado por almacenamiento y distribución de pornografía infantil, con víctimas de entre 8 y 12 años. Es oficial: Ecuador es el país que más maltrata a sus niños. No es raro que se haya convertido en lo que Tim Ballard, representante de la organización internacional contra la trata de personas Aerial Recovery Foundation, identifica como “uno de los focos regionales de tráfico sexual infantil”. Así lo dijo en la Asamblea y lo recoge el informe de la Comisión de Seguridad. Y sí: este también es un legado del correísmo.
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