Asamblea: ética nomás es
Hermuy Calle, asambleísta destituido por la Contraloría por uso indebido de bienes públicos, es uno de los miembros del nuevo Comité de Ética. Brenda Flor, que fue acusada de cobrar diezmos, es otra.
La Asamblea ya tiene quien la depure. En teoría, al menos. El Comité de Ética, salomónico invento de la Comisión de Justicia para aparentar una vigilancia que a nadie le conviene, quedó conformado este martes por cinco asambleístas de diferentes bancadas. No todos ellos de impecable trayectoria, por cierto. El nuevo organismo parlamentario, cuya misión consistirá en resolver sobre las denuncias que se presenten contra los asambleístas pero no podrá investigarlos de oficio, fue incluido en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se publicaron el pasado 9 de noviembre en el Registro Oficial.
Fernando Callejas, por el bloque de CREO; Eddy Peñafiel, de Pachakútik, por la Bancada de Integración Nacional (BIN); Brenda Flor por el Movimiento PAIS; la socialcristiana Patricia Henríquez y el correísta Hermuy Calle fueron propuestos por sus respectivos partidos y aprobados sin debate y por consenso en cinco votaciones consecutivas. Calle, sin embargo, bien pudo ser cuestionado: el hombre que eligieron los correístas para representarlos en el Comité de Ética (y que fue anunciado por Pabel Muñoz en un florido discurso) es, en realidad, un asambleísta destituido por la Contraloría. Por antiético, cabalmente. Y si continúa ocupando su escaño se debe a que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en ese entonces presidido por Elizabeth Cabezas, se lavó las manos y se abstuvo de hacer lo que, según muchos legisladores, debía: echarlo.
A Hermuy Calle, asambleísta por Chimborazo y ex rector de la Escuela Politécnica de esa provincia (ESPOCH) se lo acusa de uso indebido de bienes públicos, nada menos. Concretamente, la Contraloría lo encontró responsable de haberse servido de las instalaciones (públicas) de la Politécnica en la que trabajó, para celebrar en ellas actos proselitistas de su partido político, el correísmo. No hay dudas de que eso ocurrió: un video lo prueba. El acusado nunca lo negó pero apeló ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde su caso continúa paralizado. Es decir: destituido por la Contraloría, Calle nunca fue absuelto.
En aquel entonces (febrero de 2018), asambleístas de CREO y el PSC opinaron que la decisión de Contraloría era de obligatorio cumplimiento. Pero eran tiempos tormentosos: la Asamblea estaba sacudida por las denuncias de cobros de diezmos y otros actos de corrupción presuntamente cometidos por sus miembros. La autodepuración amenazaba con convertirse en una batalla campal entre los bloques, pues todos ellos se vían salpicados. Tras destituir a tres chivos expiatorios (Sofía Espín, Norma Vallejo y Ana Galarza), la Asamblea optó por olvidarse del resto. Hermuy Calle incluido. Tanto se olvidó, que hoy el correísta se ha convertido en referente de ética.
También Brenda Flor, asambleísta por Galápagos que integrará el Comité en representación del oficialismo, fue denunciada en su momento por cobro de diezmos a su equipo de trabajo. Ella siempre lo negó y el caso fue uno de los tantos que quedaron sin investigación.
Por lo demás, el Comité no servirá de mucho. La Comisión de Justicia decidió privarlo de la que habría sido su característica más efectiva: la facultad de investigar de oficio. Sin ella, el Comité tendrá que esperar a que se presenten denuncias apadrinadas por un asambleísta. Es decir: ninguna diferencia, en la práctica, con las comisiones ocasionales que se formaban para tratar casos concretos y cuyas limitaciones se quiso corregir con esta reforma. Pero así es como corrige esta legislatura: se pasa dos años debatiendo y deja las cosas prácticamente como estaban.
