La Asamblea Nacional libera de procesos a Diana Salazar

La sesión que la Comisión de Fiscalización celebró el lunes por la noche para poner orden en su agenda de juicios políticos fue una auténtica pelea de perros de casi cuatro horas de duración. Un muestrario, en escala reducida, de todo aquello que está mal en la Asamblea: la crispación como estado de ánimo dominante que inhabilita toda posibilidad de intercambio racional; el grito (peor aún: el coro de gritos) como medio preferente para zanjar debates; la ignorancia aun de las más elementales prácticas legislativas, origen de entuertos jurídicos de difícil resolución; la deslealtad en la aplicación de procedimientos; la sospecha de compra de conciencias; la sospecha de conflicto de intereses… En fin: el país asistió a la muerte del parlamentarismo ecuatoriano, o lo que quedaba de él. El juicio político a la fiscal Diana Salazar fue confusamente inadmitido y aquellos otros contra tres exministros del gobierno de Guillermo Lasso volvieron confusamente a la cabeza de la lista. Al día siguiente, el Pleno confirmaría estas decisiones.

Uno de los hechos relevantes de la sesión fue la conformación de una nueva mayoría oficialista en la comisión, tras el viraje repentino del socialcristiano José Lenin Rogel, a quien su partido acaba de expulsar por esa causa. Para nadie pasó inadvertido el hecho de que la vocera de la bancada de ADN, Valentina Centeno, se mantuvo cerca de él no sólo hablándole al oído sino hasta empujándolo y maltratándolo, lo cual genera varias dudas sobre la naturaleza de su acuerdo. Gracias a esa nueva mayoría de cinco votos, el oficialismo consiguió, para empezar, apelar la presidencia de la correísta Pamela Aguirre y deponerla por esta sesión, para colocar en su lugar al vicepresidente Luis Alvarado, cuyo conocimiento de la mecánica parlamentaria resultó ser menos que nulo. Errático, inseguro, torpe en sus decisiones, Alvarado permaneció acoquinado entre los alaridos de Pamela Aguirre, que se desgañitaba gritándole en la oreja, y los susurros de Valentina Centeno, que lo controlaba desde la sombra. La sesión se le fue de las manos desde el minuto cero y lo hizo todo mal.

Oficialistas y correístas estuvieron presentes

Oficialistas y correístas acudieron con refuerzos y la sala lució todo el tiempo abarrotada y ruidosa. Estos últimos, inferiores en número de votos, hicieron lo mejor que pudieron para imponerse a gritos. “¡Cachudo!”, se mofaba Ronal González de su excompañero de bancada Ferdinand Álvarez y lo invitaba a descender a su nivel: “Afuera te voy a chirlear”, le decía muy gallito “¡Hipócritaaa!”, daba alaridos Paola Cabezas como si estuviera en el estadio, mientras se acercaba a la mesa de reuniones para golpearla con la palma abierta y desafiaba al oficialista César Umajinga, señalado por haber recibido el beneficio de un fallo de la Fiscalía. Hasta el último momento trataron de impedirle votar los correístas, aduciendo conflicto de intereses. Gritaba Gissela Garzón, proponente del juicio, exigiendo intervenir en el debate; gritaba Pamela Aguirre instrucciones no solicitadas al presidente encargado; gritaba Sofía Espín quién sabe que reclamos sobre la crisis del sector eléctrico. Todo ininteligible. Decir que el salón de sesiones quedó convertido en un mercado es quedarse corto. Quizás una gallera se le aproxima más.

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Una resolución propuesta por Umajinga logró aprobarse en medio de semejante bullicio: retrotraer todo lo actuado por la comisión hasta el momento anterior al retiro de firmas de los juicios políticos contra los funcionarios del gobierno anterior, y establecer el siguiente orden a la agenda de Fiscalización: primero la fiscal, luego los exministros de Lasso y al final de la cola, donde la quería el régimen, la ministra de Gobierno Mónica Palencia. Sobre la mesa quedaron otras dos mociones: una de Pamela Aguirre, para calificar el juicio contra Diana Salazar propuesto por Gissela Garzón, y otra de Lenin Rogel, para unificar los dos juicios aprobados contra la fiscal (el de Garzón y el de Guillermo Valladares). Aunque llegara minutos después, la propuesta por Rogel era a todas luces una moción previa, es decir, una que tenía que conocerse antes. No lo permitió Pamela Aguirre. A gritos se impusieron ella y sus compañeros sobre el inseguro presidente encargado: se votó primero (y se negó) la moción de Aguirre, con lo cual el juicio de Gissela Garzón contra la fiscal no fue admitido. Luego, el absurdo: se votó por unificar el juicio propuesto por Valladares con el inadmitido de Garzón, ¡y se aprobó! Semejante entuerto fue el que ratificó el Pleno el martes por la tarde.

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