Asamblea Nacional debe entregar información solicitada por fundación en 10 días

La mañana de este miércoles 12 de junio se desarrolló la audiencia por la acción constitucional de acceso a la información pública que presentó la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) en contra de la Asamblea Nacional.

A mediados del mes pasado, esa organización presentó la acción para recibir información por parte del Legislativo, con respecto a los asambleístas electos y en funciones para el período 2023 - 2025, con corte desde el 17 de noviembre del 2023 hasta el 22 de abril del 2024, y otro hasta el 6 de mayo.

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Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señaló que el juez Carlos Mogro, en su resolución emitida en forma oral durante la diligencia, dictaminó que la Asamblea Nacional "vulneró el derecho del acceso a la información pública de la ciudadanía".

Por ello, en el lapso de 10 días, el Legislativo debe enviar a esa organización la información completa que han solicitado. Según Espinel, en la audiencia se demostró que los datos emitidos por el Parlamento estaban incompletos.

"Por ejemplo, en lugar de entregar todas las declaraciones juramentadas de intereses de los asambleístas principales y suplentes, que fueron alrededor de 264 documentos, entregó 197.

Nos entregó archivos que lamentablemente no se podían abrir, actas incompletas de las votaciones y una serie de documentos que lamentablemente muestran que la Asamblea Nacional, o no tiene un registro de toda la información que la ley obliga, o en su defecto, que están ocultando información", manifestó Espinel.

Mientras tanto, el Legislativo emitió un comunicado en su cuenta de X, la tarde de este miércoles 12 de junio, indicando que entre las conclusiones del juez, "la Asamblea entregó toda la información solicitada, y por lo tanto actuó de buena fe".

"Una vez declarado que toda la información fue entregada, pero ante lo mencionado por los accionantes 'de que no se puede descargar la información', se ordena que la misma sea entregada nuevamente en el término de 10 días, en un formato de mayor accesibilidad", publicó la Asamblea.

Dentro de la acción, la fundación también solicitó medidas de no repetición y de satisfacción, como la publicación de toda la información de la Asamblea Nacional en su portal web; que realice capacitaciones a su personal sobre el derecho del acceso a la información pública; y que se determinen las identidades de la persona o personas "que provocaron la violación de derechos y se tomen las medidas correspondientes".

Sin embargo, aquellas peticiones fueron desestimadas por el juez Mogro. "Hay un detalle en el ámbito jurídico, y es que la Asamblea Nacional tiene que, independientemente de que se presente una apelación si fuera el caso, cumplir con lo determinado en la sentencia de primer nivel", manifestó Espinel.

La Asamblea insistió en que esta acción fue un "intento fallido" por atacar su imagen, "en retaliación a la demostración fundamentada de que la información publicada por este organismo hace 3 semanas, sobre los registros de asistencia y votaciones de varios legisladores, es falsa".

Con esa última frase, el Parlamento se refirió al informe presentado en mayo pasado por la iniciativa Observatorio Legislativo, que promueve la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en el que recogía que el presidente de esta función, Henry Kronfle, registraba un 27,32 % de ausencias en 84 sesiones.

Aquello fue refutado por el socialcristiano Kronfle, quien alegó que se había ausentado a 17 sesiones, lo que corresponde al 20,24 % del total, basándose en datos de la Secretaría General de la Asamblea.

En esa ocasión, el titular del Legislativo señaló de "imprecisión grosera y mentirosa" al reporte. Sobre sus ausencias a las sesiones, Henry Kronfle justificó que debido a su cargo acude a "foros de altísima responsabilidad como el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), así como a reuniones a diario con delegaciones nacionales e internacionales".

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