Una Asamblea con deslices
Se equivocaron en la Reforma Tributaria y también en los cambios a la Ley de Comunicación y en el COIP.
Equivocaciones que se repiten. El último periodo legislativo de la Asamblea Nacional ha tenido algunos errores que han complicado leyes que de último momento deben ser corregidas por los mismos legisladores o por otros organismos como el Ejecutivo y la Corte Constitucional (CC), que les han hecho caer en cuenta sobre estos.
Un ejemplo de ello es lo sucedido con el proyecto de Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, de iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno, que llegó con el carácter de urgente en materia económica y que ya debería estar en vigencia, pues se tramitó el pasado 9 de diciembre.
Pero esto no se dio porque a los asambleístas se les ‘pasó’ que la objeción IX sobre vigencia de las normas tributarias que regulan el Régimen Impositivo para Microempresas, enviada por el Ejecutivo, nunca tuvo un pronunciamiento. Esto se le pasó al presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, a los asesores del organismo legislativo y al secretario encargado del Parlamento, Jhon de Mora (quien el 27 de diciembre presentó la renuncia irrevocable a su cargo), e incluso al asesor legislativo que tiene el titular de la Asamblea sentado a su lado.
Las causas de la dimisión del prosecretario no constan en su carta. Sin embargo, sectores políticos representados en la Asamblea adjudican su salida a lo ocurrido con el proyecto de reforma tributaria, que el Ejecutivo quería que ya esté publicada para que entre a regir desde el 1 de enero de 2020.
Este incumplimiento ha puesto a correr a los asambleístas. El presidente de la Legislativo, César Litardo, decidió suspenderles el feriado y convocarlos para hoy para el “análisis y resolución del mecanismo de promulgación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria”.
No es el único error en este período legislativo. Los asambleístas discutieron por varios días las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), y uno de los temas de mayor debate fue lo referente a considerar a la comunicación como un servicio público. A pesar de esto, a los legisladores se les volvió a pasar dejar sin efecto el artículo 5 de la LOC, por lo que el Ejecutivo envió un nuevo proyecto para corregir lo que no se hizo. A este tema, a pesar de que el primer debate se cumplió en junio de 2019, hasta la fecha no se le ha dado trámite y sigue en la Comisión de Derechos Colectivos, sin informe para segundo debate.
Y siguen los errores. Durante la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a los legisladores (en medio de la euforia de unos y las protestas de otros por no aprobar las reformas al art. 150 que establecía el aborto por violación) se les volvió a ‘deslizar’ una equivocación en la aprobación del proyecto.
Dejaron la disposición transitoria segunda, que desarrollaba los plazos que tenían las entidades gubernamentales para regular el aborto por violación, que no se aprobó. El Ejecutivo vetó la transitoria argumentando “que adolece de inconstitucionalidad por el fondo”, y la Corte Constitucional tuvo que emitir un dictamen. En su resolución, el máximo organismo de control constitucional dejó en claro que “esta disposición es un fallo o error de técnica legislativa”. Los legisladores tuvieron que allanarse para que el COIP pueda estar vigente.
MÁS CASOS
Comunicación
La Comisión de Derechos Colectivos desde junio no emite el informe para segundo debate de la reforma a la LOC. La Corte Constitucional, en agosto de 2018, declaró inconstitucional a la enmienda 14, sobre la comunicación como servicio público.
COIP
La Corte Constitucional se pronunció sobre la transitoria segunda acogiendo el pronunciamiento del Ejecutivo de que era inconstitucional, argumentando que ellos se pueden pronunciar sobre textos que han sido aprobados, y la reforma al artículo 150 no se aprobó.
Tributario
La Asamblea no se pronunció sobre la insistencia en los textos del Legislativo a la objeción IX al proyecto de Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria (que solo obtuvo 40 de los 90 votos que requeriría), no hay allanamientos tácitos, debe haber pronunciamiento.
