La Asamblea Nacional se indigna, pero no hace nada con el caso Abad

Pirotecnia retórica a favor de la vicepresidenta de la República; apasionada reivindicación de los derechos de participación política de las mujeres; vehemente defensa de la institucionalidad democrática y del orden constitucional… El Pleno de la Asamblea conoció el caso de Verónica Abad y su suspensión por acto administrativo, se escandalizó de lo ocurrido y expresó su total rechazo (unánime en las bancadas no oficialistas) ante semejante barbaridad jurídica. 

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Más aún: se pronunció a favor de desconocer el nombramiento de Sariha Moya como su reemplazo y anunció su voluntad de iniciar un proceso de fiscalización contra la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, responsable política de este desaguisado. Sin embargo, a la hora de tomar una resolución eligió, de al menos dos alternativas posibles, precisamente aquella que no sirve para nada, es decir: deja las cosas como las quiere el presidente Daniel Noboa. En otras palabras: la Asamblea Nacional se lavó la cara.

Fue la legisladora independiente Lucía Posso quien, al término de un encendido discurso en el que acusó al Ejecutivo de arrogarse funciones, pues solo a la Asamblea le corresponde sancionar a un mandatario electo, propuso solicitar a la Corte Constitucional una acción de interpretación para declarar la inconstitucionalidad de lo actuado. Suena muy bien. 

El problema es que la acción de interpretación, que requiere mayoría calificada al interior de la Corte (siete de nueve jueces), es un dictamen de carácter general y abstracto que surte efecto hacia adelante, no es retroactivo y no puede, por tanto, anular lo actuado por el Ejecutivo en el caso de la vicepresidenta. Y lo que es peor: cierra el camino a la otra posibilidad que la Asamblea tenía y desperdició: plantear un conflicto de competencia.

No se entiende por qué si Lucía Posso planteó el tema de la arrogación de funciones, no optó por este recurso en el que la Asamblea solicita al mismo organismo, la Corte Constitucional, que dirima el conflicto de competencias entre dos poderes del Estado. Para resolverlo se necesita el voto favorable de apenas cinco de los nueve integrantes del Pleno (mayoría simple) y, en caso de que el fallo favorezca a la Asamblea, como está cantado pues no hay ninguna otra posibilidad jurídica, tendría el mérito de anular la pretendida suspensión de funciones de la vicepresidenta Verónica Abad, restituyéndola al cargo del que Daniel Noboa pretende expulsarla.

En otras palabras: lo resuelto por el Pleno de la Asamblea en la sesión transcurrida entre la tarde y la noche del miércoles 13 de noviembre es un saludo a la bandera. Quedaron muy bien los legisladores ejercitando su retórica en defensa de las instituciones. Pero no avanzaron mucho. Tampoco el juicio político que ya se presentó contra la ministra del Trabajo y que la bancada correísta anunció oficialmente el jueves ayudará a recuperar el orden institucional vulnerado. Eso sí: tranquilizará la conciencia de los asambleístas. 

El mejor efecto que podría producir la resolución parlamentaria es servir como presión sobre el juez que tenga que resolver la acción de protección planteada por Verónica Abad: si la Asamblea hizo un pronunciamiento, puede parecer lógico que el juez se acoja a él. Sin embargo, la cosa no pasará de una acción de protección, la institución más desprestigiada del sistema judicial ecuatoriano.

¿Para qué sirvió la sesión?

Para lo que sí sirvió la sesión del miércoles es para pintar de cuerpo entero el retrato de algunos legisladores: los oficialistas que votaron en contra de la resolución y a favor de lo actuado por el Ejecutivo y que, dado el caso, son capaces de justificar las más groseras arbitrariedades con los más peregrinos de los argumentos. 

Curiosamente son los emigrados de otras bancadas los más fundamentalistas en este esfuerzo: “Es una vicepresidenta vinculada a la mafia y al narcotráfico”, inventó el excorreísta Ferdinan Álvarez. “Desde el inicio de sus funciones ha sembrado división y conflictividad”, abundó Nataly Murillo, ex-Construye. “¿Ustedes encargarían su casa para que se la cuide el enemigo?”, se preguntó la independiente María Teresa Pasquel. “¡Cómo puede oponerse a ADN y al mismo tiempo aferrarse al cargo!”, se escandalizó Fernando Jaramillo. Y Jorge Chamba, también exasambleísta de Construye, completaba el cuadro con lógica impecable: “La máxima autoridad es el presidente, por lo tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”. Para que quede claro por dónde van los tiros.

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