Asamblea Nacional: la leyes ambientales se quedan en el papel
Los legisladores reconocen incumplimiento de los gobiernos locales y de las autoridades nacionales.
Las falencias vienen por todas las vías y salpican a más de uno. La Asamblea Nacional cuestiona los sucesos del feriado de carnaval en Salinas pero, sobre todo, las acciones previas y posteriores al derrame de aguas lluvias en el mar sin ningún tipo de control ambiental. El suceso, que se viralizó en redes sociales y que afectó la imagen de la provincia de Santa Elena, podría derivar en demandas penales, sanciones administrativas y hasta juicios políticos.
Por su parte el alcalde de Salinas, @Daniel61sneros, enfatizó “el día de hoy voy a sacar a una persona del Municipio por este tipo de errores”, y de darse el caso de otra emergencia invernal se activará el COE cantonal.
— Ministerio del Ambiente de Ecuador (@Ambiente_Ec) February 26, 2020
No hay bancada o grupo político que no repudie la descarga de las aguas que se registró en Salinas el lunes. Todos señalan responsables, pero ninguno admite responsabilidad individual o política.
Encarnación Duchi, asambleísta de Pachakutik, apunta, por ejemplo, a las autoridades cantonales. Para ella, esos funcionarios deberían ser acusados de incumplimiento de tareas y tendrían que ser procesados en más de una instancia. Sin embargo, reconoce, el juego político impedirá una sanción.
La legisladora cree que la Comisión de Fiscalización debería comenzar a procesar a ministros y alcaldes involucrados. Afirma que eso sería lo ideal, pero duda de que haya señalamientos entre afines políticos o integrantes de una misma organización.
En la línea de iniciar una investigación legislativa también está el asambleísta Héctor Yépez, de CREO. A sus ojos, el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, debería ser procesado por el derrame.
Yépez explica que, por ejemplo, hay acciones penales que deben suceder de inmediato. “La Fiscalía debería actuar por delito ambiental”, destacó el legislador.
Los legisladores consultados recuerdan que las normas ecuatorianas sancionan los delitos ambientales. La Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008, incluso reconoce los derechos de la naturaleza. El Código Orgánico del Ambiente, aprobado en 2016 y que reúne las leyes dispersas sobre el tema, establece controles y sanciones por delitos contra la naturaleza. También hay artículos dentro del Código Orgánico Integral Penal (que sanciona delitos contra flora, fauna y recursos naturales) y hasta el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se refiere al tema. Claro que en este último se hacen evidentes vacíos para el control ambiental.
Roberto Gómez Alcívar está de acuerdo con Yépez en la necesidad de que la Función Judicial intervenga para determinar responsabilidades, más allá de lo político.
Incluso integrantes de la Revolución Ciudadana concuerdan con los asambleístas mencionados. Esteban Melo reconoce que la vía más urgente es la de emprender una investigación desde la Fiscalía por un delito tipificado.
Wilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática (ID), añade un problema al incumplimiento de las autoridades nacionales y locales: la falta de control de los entes que tienen esa función. “La Contraloría realiza auditorías, pero solo del uso de los recursos públicos”, resaltó.
Los legisladores no descartan analizar el tema al regreso de la vacancia. Eso será apenas el 11 de marzo.
