La Asamblea y Participación afinan el ‘arsenal’ para la puja
Legislativo espera una sentencia por escrito. El CPCCS no descarta informar incumplimiento del fallo. La decisión, en manos de la Corte Constitucional
Las estrategias no se dejan de pensar. En el discurso, los implicados dicen anhelar que la puja entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) llegue pronto a su fin. En la práctica, ambas partes están a la espera del siguiente ‘golpe’ judicial o político para responder.
Aunque el Legislativo se encuentra en un periodo de vacancia hasta el 3 de enero, no ha descuidado los reclamos para que el juez de La Concordia, Ángel Lindao, entregue por escrito la sentencia que, entre otras cosas, dejó sin efecto el juicio político que derivó en la censura y destitución de cuatro vocales del CPCCS.
Ese es el documento que necesita la Asamblea para continuar en la pelea. El presidente de este organismo, Virgilio Saquicela, explicó que con eso pueden elevar el caso a la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y espera que en esa instancia se revierta el fallo de Lindao, quien concedió 48 horas para que los legisladores posesionen a Roberto Romero como superintendente de Bancos, algo que no sucedió en el plazo definido.
No podemos permitir que otros poderes se entrometan en decisiones del Poder Legislativo. ¿Qué pasa si mañana se emite una ley? Se presenta una acción de protección.
De ahí puede surgir el contraataque del CPCCS. El presidente de este organismo, Hernán Ulloa, dijo ayer que el juez tiene varios caminos para zanjar el tema, como exigir que los legisladores cumplan íntegramente la sentencia; o notificar a la Corte Constitucional (CC) el incumplimiento del fallo, lo que podría acarrear el eventual inicio de un proceso de destitución.
“Nosotros también lo podríamos plantear (informar del incumplimiento a la Corte Constitucional). Tendremos que valorar dentro del pleno del Consejo Participación Ciudadana las acciones a tomar, pero la verdad es que el pueblo ecuatoriano no necesita más pugnas entre sus instituciones”, manifestó Ulloa.
Si los asambleístas están incómodos con la Ley de Garantías Constitucionales, deben reformarla. Ahora las acciones de protección se pueden presentar en cualquier cantón.
Todo, o parte de esto, podría suceder en los nueve días que restan para que termine este año, lo que pondría fin a la tensa calma que aparentemente existe entre los dos organismos en las últimas horas, debido especialmente a la vacancia legislativa que empezó el lunes.
¿Hacia dónde más se puede apuntar? Saquicela y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), se apuraron a presentar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales para que se aclare cuándo y en qué casos procede una acción de protección. No quieren que les vuelva a ocurrir que una decisión tomada por los asambleístas sea contrarrestada por la justicia usando fácilmente esa figura.
El objetivo es que la reforma sea debatida y aprobada en una de las comisiones y en el pleno de la Asamblea durante el 2023.
Acciones
La bancada correísta presentó ayer en la Unidad Multicompetente de La Concordia acciones legales (no especificó cuáles) en contra del juez Lindao.
Revés
La Corte del Guayas confirmó la sentencia de la jueza Larissa Ibarra que dejó sin efecto la designación de Raúl González como superintendente de Bancos.
Posesión
Según Ulloa, esa decisión debería dar luz verde a la posesión en la Asamblea de Romero como titular de la ‘Super’ de Bancos, que es otro foco de conflicto.
