La Asamblea propone alivios a deudores de créditos educativos
Miles de profesionales afrontan deudas impagables. La Comisión de Educación busca reformas para frenar juicios coactivos
La Comisión de Educación de la Asamblea aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (conocido como Código Ingenios). Esta iniciativa propone establecer un régimen especial de facilidades de pago, destinado a quienes mantienen deudas por becas, ayudas económicas y créditos educativos. El objetivo: aliviar la carga financiera de miles de profesionales que enfrentan procesos de cobro coactivo, muchos desde hace más de una década.
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Zolanda Plúas Arias, presidenta de la Comisión, explicó que la reforma busca ampliar el alcance de los mecanismos de pago vigentes, eliminando barreras legales que impiden su aplicación efectiva. “Queremos dejar atrás las restricciones impuestas por el Código Orgánico Administrativo y centrarnos únicamente en los requisitos contemplados en esta ley específica”, señaló.
Entre las medidas destacadas está la posibilidad de formalizar acuerdos de pago mediante garantías personales y reales, ajustadas al monto y plazo de la deuda. Esto no solo flexibilizará las condiciones para los deudores, sino que también beneficiará a sus codeudores y garantes solidarios, quienes muchas veces son familiares directos.
Según datos presentados por la legisladora, actualmente existen alrededor de 6.254 personas con créditos educativos vencidos. Muchas de estas obligaciones fueron adquiridas antes de 2010 a través de instituciones ya desaparecidas como el IECE y el IFTH, así como también mediante la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) y entidades del sistema financiero público.
En diciembre de 2023, la Senescyt reportó 6.171 personas con operaciones vencidas por un monto acumulado de $73,4 millones.
Becados con procesos judiciales
A esto se suman 214 beneficiarios de becas que enfrentan procesos judiciales coactivos por un valor total de $3,6 millones. En muchos casos, las deudas se han triplicado respecto al capital inicial, debido a los intereses y a las limitaciones que impone la normativa actual, que solo permite convenios de hasta 24 meses.
La legisladora Cecilia Baltazar expresó su apoyo a la propuesta, señalando que miles de jóvenes accedieron a la educación superior con respaldo estatal, pero no encontraron oportunidades laborales para cumplir con sus compromisos financieros. “El Estado activó procesos de cobro sin antes generar condiciones de empleo”.
Uno de los casos de afectados
Uno de esos casos es el de Pablo Cáceres, quien accedió a un crédito educativo para estudiar Comunicación Social. Al graduarse no consiguió empleo de inmediato, pero las cuotas comenzaron a cobrarse. “Pude pagar los primeros seis meses, pero luego tuve que endeudarme con familiares para evitar un juicio de coactiva. Fue una carga emocional muy fuerte”.
Baltazar insistió además en la urgencia de revisar los procedimientos coactivos vigentes, ya que estos afectan directamente el derecho al trabajo. “Cuando una entidad pública intenta contratar a alguien con inhabilidades por deudas, se le niega automáticamente el empleo. Es una trampa sin salida”, denunció.
Ante esto, la legisladora Jahiren Noriega destacó que la propuesta dispone la no imposición ni registro en el ente rector del trabajo del impedimento de ejercer cargo público por el plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia de esta ley, para los deudores y garantes de obligaciones de crédito educativo que se encuentren en proceso coactivo.
La propuesta legislativa incluye una tabla de facilidades de pago que fue construida en coordinación con la Senescyt, con aportes de legisladores y ciudadanos afectados. Esta tabla establece cuotas mensuales proporcionales al monto adeudado, con plazos que van desde 18 hasta 240 meses. Por ejemplo, para una deuda de hasta $2.000, el pago se podría hacer en 18 cuotas de aproximadamente $111,11. En el caso de una deuda de $55.000, se permitiría un plazo de hasta 20 años (240 meses), con pagos mensuales cercanos a los $230.
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