Asambleístas rechazan fallo sobre juicios políticos, ¿podrían ser destituidos?

Luego de que la mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional decidió rechazar el fallo judicial que ordena la reactivación de juicios políticos archivados, surgió la pregunta de qué consecuencias podría tener esta postura para los 87 legisladores que apoyaron la moción impulsada por el correísmo.

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Antes de la sesión, el bloque oficialista ya tenía su respuesta. “Se puede estar incurriendo en el delito de desacato”, sostuvo la asambleísta del oficialismo Inés Alarcón, quien anticipó que ya había pedido al juez de la causa tomar las acciones necesarias para que se cumpla su sentencia, entre ellas la destitución de quienes la ignoraran.

Sin embargo, la constitucionalista Ximena Ron señala que el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional no debería acarrear consecuencias, al menos no inmediatas. “Hay que esperar a ver qué dice la segunda instancia”, acota y hace hincapié en que una posible destitución de los asambleístas requiere de otro análisis.

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“Riesgo de destitución no hay. Primero, porque la destitución solo la puede ordenar la Corte Constitucional y, segundo, porque el análisis de los jueces constitucionales corresponde solo luego de la sentencia de segunda instancia”, comenta Ron y recuerda que eso incluso puede ser un proceso que tome su tiempo.

De hecho, quienes apoyaron la moción creen lo mismo. “La resolución fue rechazando la sentencia y la injerencia entre funciones del Estado. Nada tiene que ver con el acatamiento o no de la sentencia. Por tanto, no es un incumplimiento, ni una falta”, sostiene Jorge Peñafiel, legislador de Construye.

Este Diario intentó contactarse con el resto de bancadas, pero hasta el cierre de esta edición no recibe respuestas. Por su parte, el oficialismo lee la estrategia. “En la moción y resolución se cuidan en el uso de las palabras y citan ‘rechazo’ y no desacato. Es decir, saben y están conscientes de que la sentencia debe cumplirse”, acota Alarcón.

La Asamblea debería optar por la apelación, no el desacato

Por otra parte, aunque reconoce que el tema ya pasó de lo jurídico a lo político, el abogado y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, señala que las sentencias judiciales no se acatan según la voluntad de las personas, sino que son de obligatorio cumplimiento y que ya existen vías para solventar las pugnas.

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“En un Estado de derecho no se puede, mediante una declaración pública, desconocer una decisión de autoridad competente. No acatarla es incurrir en el delito de desacato. Además, hay canales institucionales que tienen que activarse para revertir, de ser el caso, la decisión”, argumenta Alarcón.

Incluso recuerda que en el caso de las garantías constitucionales, como la acción de protección presentada por Inés Alarcón, la presentación de una apelación no suspende los efectos de la sentencia. “Ya en segunda instancia se podrá revertir el fallo”, acota.

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La Asamblea Nacional, por su parte, anunció luego del Pleno que autorizó a su presidente, Henry Kronfle, que solicite a la Corte Constitucional hacer seguimiento de una sentencia relacionada y, luego de eso, decidir qué hacer con el orden de los juicios políticos.

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