Asamblea reconoce criminalización de la protesta indígena en el Gobierno de Correa

El hombre que les metió presos ahora pide su libertad. El exministro del Interior del Gobierno de Rafael Correa, y ahora asambleísta de la Alianza PAIS, José Serrano, obtuvo los votos necesarios para otorgar la amnistía de 20 líderes indígenas de la comunidad de San Pedro del Cañar, quienes fueron acusados entre 2015 y 2017 de varios delitos, entre ellos secuestro, como fue el caso de José Sarmiento Jiménez, expresidente del Consejo de Justicia Indígena de San Pedro de Cañar y más tarde sentenciado por este delito.

“La cárcel está hecha para quienes roban, matan, asesinan, para quienes se roban las medicinas, los recursos de ecuatorianas y ecuatorianos en esta situación tan compleja como es la pandemia; para ellos está hecho la cárcel, no para quien defiende a su pueblo y a sus ciudadanos y los derechos de sus ciudadanos”, expresó el legislador durante su ponencia.

“Es el momento de dar un punto de quiebre en la historia del país, es la hora de la reivindicación, de la unidad, de la reconciliación”, añadió Serrano, al tiempo de solicitar que el voto sea pensando en el país.

Quien salió al paso de este discurso fue la asambleísta Elizabeth Cabezas (ex-PAIS). “Las amnistías no pueden ser un motivo de orgullo, pues demuestran la existencia de errores del Estado y de la aplicación de la justicia. Sin embargo, la Asamblea legisla, fiscaliza y tiene el poder de corregir las injusticias y ese es un potente mensaje político para fortalecernos como institución”, manifestó.

Para otorgarles este beneficio constitucional, se determinó que “existen elementos que evidencian que las autoridades indígenas y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar fueron judicializados y criminalizados por la aplicación de su legítimo derecho a la justicia indígena. Y que esta judicialización responde a una lógica de poder, caracterizada por elementos políticos, sociales y culturales en un contexto de descolonización y transición hacia la plena vigencia del Estado plurinacional e intercultural”, precisa el informe.

Solicitud que se vino arrastrando desde la presidencia de Marcela Aguiñaga (RC) en la Comisión de Justicia. Así lo reconoce Encarnación Duchi, legisladora de Pachakutik: “Es algo histórico, porque no se ha visto justicia para pueblos y nacionalidades indígenas. Los compañeros fueron criminalizados por la justicia ordinaria y sobre todo por el Gobierno anterior, cuya meta era dividir a los pueblos indígenas”.

En tanto, para la presidenta de la Mesa de Justicia, Ximena Peña, la amnistía reconoce que se violentaron los derechos colectivos de esta comunidad. “La decisión de la Asamblea me parece oportuna al dar el paso histórico de enviar este mensaje al país, a estas comunidades, a la región, del respeto que se debe dar como Estado a estos pueblos y nacionalidades”.

Datos.

Pedido.

En 2017 la Conaie pidió la amnistía para 129 dirigentes indígenas. No se aprobó y se pide que se la presente nuevamente.

Decisión.

De todo este listado, solo se le otorgó este beneficio a Manuel Anastacio Pichi Zaca.

Amnistía.

Presentaron un nuevo listado y el jueves, con 112 votos, se amnistió a los 20.