La propia Asamblea sufre primer 'remezón' de la desclasificación de la información
Legisladores, investigados por la Súper de Compañías. Los mencionados niegan cualquier vínculo. Se analiza el uso que puede dar en juicio político
Se liberaron los documentos y empezó la danza de nombres. Aunque hasta este 15 de marzo de 2023 ningún asambleísta tenía aún los expedientes que desclasificó el pleno de la Asamblea Nacional el martes pasado, uno de ellos, Ricardo Vanegas, de Pachakutik, empezó a mencionar a algunos funcionarios públicos, incluyendo legisladores, que aparecerían en el informe de la Superintendencia de Compañías por una posible relación con empresas de albaneses.
Entre sus colegas activos, nombró a Dalton Bacigalupo y Javier Santos, de la Izquierda Democrática (ID). También Fernando Cedeño, de Unión por la Esperanza (UNES), y Hugo Cruz, quien falleció en septiembre pasado y era representante de la provincia de Manabí.
“La información que estoy entregando es la que consta en el informe de la Superintendencia de Compañías. De ninguna manera se ha señalado que los asambleístas que he mencionado son parte de una mafia. Eso no he dicho ni consta en el informe”, aclaró Vanegas.
Sin embargo, algunas empresas que se crearon en su momento, en las que aparecen esos nombres, activaron alarmas en la Superintendencia, por lo que se hizo una investigación, según los documentos de Vanegas.
Estas empresas están relacionadas especialmente al área de la construcción, pero también de la pesca, la agricultura y cultivo y producción de productos derivados del cannabis con fines medicinales y terapéuticos, de acuerdo al análisis que hizo esa entidad y cuyas conclusiones fueron entregadas a la Fiscalía General del Estado.
Las reacciones no se hicieron esperar. Bacigalupo dijo que sus únicas relaciones societarias son exclusivamente familiares y que no mantiene algún tipo de actividad empresarial con extranjeros y menos “con gente descalificada”.
“Es un imposible físico, ético y legal que aparezca como miembro de compañías que no he constituido y jamás he participado. ¿Por qué aparece mi nombre? No lo sé, vamos a investigar qué situación irregular se puede haber cometido al momento de constituir estas compañías”, señaló el integrante de la ID.
En la misma línea se pronunció Santos, que dijo no contar todavía con el documento que perdió el sigilo. Sin embargo, rechazó las declaraciones de Vanegas en el sentido de que son “amigos” de albaneses, porque no cree que la Superintendencia de Compañías, en su informe, haya podido establecer vínculos de amistad.
“En 2002 creé una empresa que ya no existe, no contrató nada y por ahí vendió un par de software de computación. Fui gerente de una empresa de internet en Manabí, con la que fuimos proveedores del servicio para ciudadanos comunes y dos instituciones públicas, pero de ahí no tengo vínculo con ninguna otra empresa o acciones y sociedad con nadie”, señaló Santos, quien mostró como prueba el reporte de actividades societarias que emite la propia Superintendencia en su página web.
El correísta Cedeño mostró un certificado de la propia entidad de control, de que fue parte de una empresa entre 2003 y 2007, junto con un amigo, y que en la actualidad no tiene registro de ser parte de empresa alguna.
Sin embargo, la Súper de Compañías reconoce que hizo un “barrido general” de empresas domiciliadas en Manabí, para cruzar y verificar coincidencias con países con deficiencias estratégicas, países catalogados de riesgos, sentenciados y personas expuestas políticamente, esta última categoría que es en la que cabe Cedeño.
“Esta mentira trata de ocultar a los verdaderos involucrados en el caso El Gran Padrino y tratan de tirar lodo con ventilador, y no me voy a prestar para eso; por eso, señor Vanegas, le prohíbo a usted que siga usando mi nombre”, señaló Cedeño.
No fueron los únicos nombrados. También se habló del exvicepresidente de la Asamblea, Carlos Bergman; Daniel Mendoza Arévalo, quien permanece preso por una sentencia por delincuencia organizada.
En la lista de Vanegas están concejales y también el ministro de Transporte, Darío Herrera, y la exasambleísta y exministra de Agricultura, Tanlly Vera, que dijeron que se pronunciarán luego de revisar el documento desclasificado.
Mientras tanto, de la bitácora de ingreso al Palacio de Carondelet, de la que también se levantó el secretismo, nada se conocía ayer en el Palacio Legislativo. En los pasillos de la Asamblea solamente se decía que ahí habrá grandes sorpresas, las mismas que podrían quedar dilucidadas hoy, porque el compromiso de la secretaría del organismo es que todo se entregue hoy a los asambleístas.
A puertas del pedido de juicio
El correísmo busca cómo sacarle el jugo a la información desclasificada. Este 15 de marzo se conoció que el pedido de juicio político ya está listo y que se entregó el documento para que lo revisen las bancadas.
La idea es que la presentación al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, no pase de esta semana para que sea analizada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y vaya a la Corte Constitucional, si pasa el primer filtro.
Gisella Garzón, de UNES, dijo que evidentemente hay partes de los documentos desclasificados que podrán ser usados como base de la acusación en contra del presidente Guillermo Lasso, sobre todo lo referente a la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías.
Sin embargo, según el asambleísta Vanegas, ni ese informe ni la que contendría la bitácora relacionan al mandatario con algún acto irregular, por lo que cree que no aportarían en nada para un eventual juicio político.
