En la Asamblea surge un súbito interés por enjuiciar a Wilman Terán
Construye consigue las firmas para impulsarlo. PSC y oficialistas se separan de sus aliados correístas. Otros legisladores también se unen al pedido
La suerte cambió para unos y otros. El sosiego inicial que encontró el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, en la Asamblea Nacional duró poco. El pedido de juicio político en su contra y de otros vocales del organismo será ingresado hoy o a inicios de la próxima semana.
El panorama también varió para el movimiento Construye cuyo bloque, de 18 integrantes, fue el primero en plantear el enjuiciamiento, pero se le dificultaba conseguir las firmas de respaldo para impulsarlo al no ser parte de la mayoría correísta, socialcristiana y oficialista que no se mostraba interesada en agitar a Terán.
Sin embargo, en un giro inesperado el Partido Social Cristiano (PSC), cuyo principal legislador y presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, recibía casi que con honores a Terán, hace poco, ahora decidió sumarse y suscribir el pedido de Construye.
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¿Por qué ahora sí los cuestionamientos al CJ no son para nada nuevos? “Porque nosotros, por lo general, somos un partido serio y responsable que debate y discute todo con altura y tolerancia y, por supuesto, había otros temas que también eran tremendamente importantes y los vamos trabajando de forma técnica”, dijo el legislador Jorge Acaiturri del PSC.
En este caso hay varias críticas al proceso de designación de jueces y varios reclamos ciudadanos sobre el funcionamiento de la justicia. Qué bueno que existe esta posibilidad democrática
No son los únicos. Casi a la par del anuncio socialcristiano la bancada oficialista alianza Acción Democrática Nacional (ADN) emitió un comunicado en el mismo sentido de apoyar el juicio político contra Terán, Xavier Muñoz y la exvocal Maribel Barreno, que son señalados como los responsables del cuestionado concurso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Una razón poco creíble para el analista político y articulista Arturo Moscoso que más bien apunta a que ya se puede estar pensando a futuro en la reestructuración que generaría una potencial censura y destitución de los vocales de la Judicatura.
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Quienes se muestran reacios a apoyar el juicio son sus aliados correístas. Roberto Cuero señaló ayer que el tema no ha sido tratado al interior de la bancada y que en su momento analizarán los argumentos que sustenten el proceso para tomar una decisión.
Cuero dijo que todas las bancadas tienen derecho a impulsar procesos de fiscalización y recordó, como el que nada dice, que ellos van por el juicio político a la fiscal del Estado, Diana Salazar. Para censurar y destituir al CJ se necesitan más de 90 votos. En tanto que, la suerte de Salazar se definiría con 70.
Los funcionarios públicos son sujetos de control político, si hay un pedido de juicio político se analizará si hay elementos suficientes para tomar una decisión.
Otros grupos en la Asamblea también toman postura. Algunos independientes que suman 12 asambleístas, entre ellos Gente Buena y Sociedad Patriótica dijeron que apoyarán el juicio político. En tanto que, las cinco legisladoras de Pachakutik esperarán a ver los argumentos para tomar una decisión, pero por ahora no firmarán el pedido.
Paúl Buestán, de Construye, dijo que el juicio se motiva por una falta de respeto a la administración de justicia que ha desencadenado una serie de irregularidades que no solo se circunscriben al concurso para designar a los seis jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Entrevista
Roberto Gómez Merá
Expresidente de la Corte Suprema de Justicia
¿Cómo ve el concurso para designar jueces de la Corte Nacional?
Si la Comisión Internacional ha criticado directamente a ese concurso debe ser porque está efectivamente afectado por irregularidades. Pese a ello, el señor Terán y otro vocal han decidido seguir adelante. Es decir, no les interesa el criterio de los expertos de alto nivel.
¿Qué debería pasar con ese concurso que está por finalizar?
Desde mi punto de vista, todo el proceso debe volver a sus etapas iniciales, porque cada una de sus fases ha estado seriamente afectado y criticado. Debe haber un concurso que garantice una transparencia absoluta a los ciudadanos.
Si eso no sucede ¿Cuál es el riesgo para la justicia?
Es grave porque se trata, nada menos, de jueces que administran justicia y si estos jueces son favorecidos con actos ilegales automáticamente ellos entrarán comprometidos y listos para realizar acciones en contra de la justicia y, sobre todo, para garantizar impunidad.
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