La Asamblea tratará el posible juicio político a Margarita Hernández

Este martes 29 de abril, el pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto tratar el informe respecto al juicio político de Margarita Hernández Naranjo, exsuperintendente de Economía Popular y Solidaria.

La Comisión de Fiscalización y Control Político no alcanzó la mayoría requerida para aprobar el informe que recomendaba a la Asamblea proceder al enjuiciamiento político. En ese caso, la mesa ya remitió a la Presidencia del Legislativo las actas de votación correspondientes y un informe sobre las posiciones de los miembros de la mesa, conforme lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Impulso al Enjuiciamiento Quien impulsa el enjuiciamiento político es el legislador Xavier Jurado, del movimiento oficialista ADN, quien asegura que la exsuperintendente de Economía Popular y Solidaria incumplió funciones en lo relacionado con el control a cooperativas de ahorro y crédito, cajas comunales y demás organizaciones del sector financiero popular y solidario.

La mesa, en el borrador del informe, concluyó que la solicitud presentada por el asambleísta Xavier Jurado, en contra de la exsuperintendente de Economía Popular y Solidaria, cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y la LOFL; y que se determinó que Margarita Hernández incumplió las funciones que le asigna el artículo 147 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, así como los artículos 280 y 283 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

Los testigos que se presentaron en la Comisión de Fiscalización

En 11 de abril, en la Comisión de Fiscalización se presentaron varios testigos. Uno de ellos fue Freddy Monge, intendente general técnico quien informó que el 2 de diciembre de 2024 se resolvió la liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, por falta de solvencia, incumplimiento de un programa de supervisión y falta de pago a sus depositantes.

Explicó que se identificaron tres motivos principales para la liquidación: incumplimiento del Programa de Supervisión Intensiva (2022-2024); nivel de solvencia insuficiente, con un índice por debajo del mínimo requerido (50 %); y, 62 denuncias de los depositantes.

En respuesta a las consultas de varios legisladores, el funcionario afirmó que se ha coordinado con la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) y se encuentran en una segunda fase de entrega de dineros a los depositantes del segmento uno, con 80 millones de dólares entregados de un total de 101,4 millones, es decir, se ha cancelado el 90 %.

Aseguró que las alertas tempranas fueron omitidas y los indicadores evidenciaban la necesidad de supervisión intensiva, desde el perfil de riesgo (alto o crítico), cuyo trabajo debe realizarse desde la Superintendencia.

Luego, Evelyn Cárdenas, directora nacional de Supervisión a Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, se refirió a informes que dijo conoce de manera general, toda vez que no fueron elaborados por su área, sino en administraciones anteriores. Detalló varios nudos críticos evidenciados, como las alertas con denuncias al 02 de octubre de 2024, sin sanciones reportadas.

Afirmó que, de acuerdo al análisis realizado por la actual administración, se evidencia que en 6 años se ha hecho solamente un control al 6 % de las entidades que conforman la superintendencia.

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