Detenidos el asambleísta Daniel Mendoza y el director del Secob por "corrupción" en el hospital de Pedernales

El asambleísta Daniel Mendoza ha sido detenido esta madrugada en un operativo efectuado por la Fuerza de Tarea de la Fiscalía y la Policía varios puntos de Manabí y Pichincha, según informó, de nuevo a través de redes sociales, el Ministerio fiscal. Se le relaciona presuntamente con una estructura delictiva que se beneficia de fondos asignados a la construcción del hospital de Pedernales por un monto de 7 millones de dólares.

También ha sido detenido el director general del Secob, Edmundo Tamayo, en el marco de la investigación "por el presunto delito de delincuencia organizada". Están siendo trasladados a Quito y, según dijo la fiscal general Diana Salazar en una entrevista este viernes, está involucrado personal del Servicio de Compras Públicas. Hay otros cuatro detenidos.

Las órdenes de allanamiento se ejecutaron en Portoviejo, Bahía de Caraquez y Quito. La construcción de ese hospital, afectado en el terromoto de 2016, cuenta con al menos dos informes con indicios de responsabilidad penal, emitidos por la Contraloría y remitidos a la Fiscalía. 

La policía reportó que el operativo tenía como objetivo desarticular "una presunta organización delictiva integrada por el ciudadano Daniel Mendoza (asambleísta), quien conjuntamente con su círculo laboral y otros, quienes se habrían beneficiado ilícitamente de los fondos asignados al Consorcio Pedernales Manabí", según pudo conocer EXPRESO.

La noche del jueves 14 de mayo en otro operativo policial relacionado con posibles actos de corrupción fueron detenidas nueve personas, entre ellas el asesor del asambleísta Mendoza. Los sospechosos formarían parte de una persunta red que operaba en el sector de la salud en Manabí. Se hicieron seis allanamientos y se investiga un delito de lavado de activos. Alrededor de un millón de dólares en efectivo se incautó en la acción policial. El asambleísta Mendoza dijo entonces que ante las "malintencionadas insinuaciones" que se estaban emitiendo, él se prestaba a colaborar con las autoridades para agilizar el proceso.

“Nosotros nos encontramos en la etapa de instrucción fiscal, pero no podemos avanzar en la realización o prácticas de diligencias porque se encuentran suspendidos los plazos y términos por parte de la Función Judicial”, lamentó la fiscal Salazar esta semana en referencia al caso del hospital de Pedernales. Aseguró, además, que la jueza encargada estaba siendo un freno para el avance de la investigación. 

“Ayer hemos recibido, por ejemplo, una notificación o providencia por parte de la jueza de Garantías Penales de Manabí, en donde conmina a la Fiscalía a que detenga las diligencias para que no avancemos”, agregó.

El caso se deriva de una investigación que, según dijo la ministra María Paula Romo en mayo, se realiza desde hace meses y que está vinculada con la construcción del Hospital Básico de Pedernales, obra que seguirá su curso, pese a que uno de los accionistas del consorcio al que se le adjudicó el contrato de 16,4 millones de dólares está entre los detenidos.

Este proyecto había sido adjudicado en julio, pero se descubrió que la empresa constructora había dado garantías falsas, por lo que el Gobierno dio marcha atrás e inició de nuevo el proceso. Fue adjudicada entonces por segunda ocasión, en diciembre, al Consorcio Pedernales Manabí, conformado por Jhonny Toala Hidalgo y José Véliz Saltos, quienes según su RUC, ejercen como personas naturales autorizadas para realizar actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico. Véliz Saltos fue uno de los nueve detenidos del operativo anterior.

En ese consorcio ganador se identificó que el procurador común de la compañía es también el gerente general de uno de los subcontratistas. Está prohibido, por lo que su oferta debió anularse. 

El 13 de febrero de 2020 se suscribió el contrato para la construcción del Hospital Básico de Pedernales 30 camas y el 3 de marzo se hizo efectivo el pago del 50% del anticipo, por el monto de USD 8’214,756.26. El Consorcio Pedernales Manabí no justificó los movimientos bancarios de estos recursos, de los cuales apenas quedan USD 893.032,41 en su cuenta bancaria, aunque no se registran avances en las obras. Estos hechos configuran indicios de delitos en contra de los recursos públicos.

Salazar concedió este viernes una entrevista horas después de los operativos de la en Manabí donde reflexionó sobre el rol de los funcionarios. “No es cuestión de poner tras las rejas a todo el mundo, pero es momento de cambiar cómo ven a la función pública ciertas personas, como una opción para llenarse los bolsillos y no una oportunidad para servir".