Asambleísta Karina Arteaga tiene arresto domiciliario

Arresto domiciliario con vigilancia policial y uso de un dispositivo electrónico. Son las medidas dispuestas por el juez nacional, David Jacho, para la asambleísta Karina Arteaga, investigada por el posible delito de concusión.

La legisladora fue denunciada por excolaboradores por la supuesta exigencia de aportes a cambio de conservar sus puestos de trabajo. El fiscal subrogante, Wilson Toainga, formuló cargos para la legisladora manabita y solicitó su prisión preventiva.

Pero el juez Jacho no dio paso al pedido de prisión debido a la emergencia sanitaria motivada por la pandemia de coronavirus en el país. La instrucción del caso tomará 90 días.

En la audiencia, para sustentar su formulación de cargos, el fiscal presentó 46 elementos de convicción que involucran a la legisladora en el delito. Entre ellos pericias de cotejamiento de voz, análisis telefónicos, informes sobre chats de Whatsapp, certificados bancarias, entre otros.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Arteaga, abusando de su cargo y por medio de terceras personas, habría exigido la entrega de aportes a cambio de que sus subordinados se mantengan en sus trabajos.

En algunos casos, como en el de Verónica Pinargote, los pedidos habrían alcanzado el 90 % del sueldo. A inicios de año Pinargote acudió a la Fiscalía a pedir que las investigaciones se aceleren. Llevó las copias de los depósitos efectuados para el esposo de la asambleísta. La investigación determinó que el dinero también se entregó a los asistentes personales de la procesada.

Según la denuncia, la justificación para la solicitud de fondos era que se trataba de aportes para Alianza PAIS, el movimiento político al que ella pertenecía. Pero el dinero también habría sido destinado al pago de gastos personales y de los familiares de la sospechosa.

Leonardo Rosillo, abogado de Arteaga defendió la inocencia de su cliente. Dijo que de los 46 elementos presentados por el fiscal Toainga se expusieron únicamente 11 versiones y un par de pericias. Mencionó que en la exposición del fiscal nunca se puntualiza cuando se han habrían cometidos las posibles infracciones.

Aseguró que Pinargote y otros dos denunciantes habrían entregado dinero a otras personas y no a la asambleísta. Citó por ejemplo que Verónica Pinoargote dice claramente que la entrega la hizo a Jenny Muñoz. Ratificó que quien se presenta como víctima dice que el dinero lo entregó a otra persona que no está implicada y ni consta en el proceso.

El abogado destacó que su defendida se ha presentado a todas las diligencias y ha rendido su versión. La autorización para el procesamiento penal fue concedida por la Asamblea hace dos semanas con el voto de 101 legisladores tras el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

Además de las medidas personales el juez ordenó la retención de los valores económicos de las cuentas bancarias de la procesada por 45.000 dólares y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles.

Este no es el primer caso que involucra a legisladores en el cobro de diezmos o aportes. Antes que Arteaga la exasambleísta y exvicepresidenta María Alejandra Vicuña fue sentenciada también por concusión. Fue señalada por exigir aportes a sus colaboradores para su agrupación Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).

También fue sentenciada la exlegisladora de PAIS Norma Vallejo quien fue denunciada por sus exasesores por la recepción de aportes económicos a cambio de mantenerlos en sus cargos. La sanción para el delito de concusión es de entre tres y cinco años.

El detalle

Investigaciones. Karina Arteaga no es la única legisladora investigada por diezmos. En la Fiscalía existe más de una docena de sospechosos indagados.

Audiencia. El juez David Jacho dirigió ayer la audiencia de formulación de cargos en contra de la asambleísta.

Defensa

Descartó los pagos

El pasado 17 de septiembre, en su cuenta de Twitter Karina Arteaga se refirió a la denuncia presentada en su contra por una asesora que trabajó en su despacho tres meses. “Sucede que los valores que menciona sobrepasan al monto que la denunciante recibía de forma líquida en su rol de pagos”, dijo.