Los asambleístas se desmarcan del reparto

Algunos reconocen que fueron amigos de Daniel Mendoza, otros, que su relación se limitaba al saludo, pero todos los asambleístas consultados por este Diario niegan su vinculación con el reparto de hospitales en las provincias a las que representan dentro del Legislativo.

Según el portal digital La Posta, 19 asambleístas, entre los que están Mendoza y Elíseo Azuero, forman parte de una red encargada de influenciar en los centros hospitalarios del país por medio de la designación de sus autoridades. El mapa, que pone a la cabeza del supuesto reparto a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, habría sido entregado por Mendoza como parte de una “confesión” dentro del caso de delincuencia organizada que investiga la Fiscalía por la construcción del hospital básico de Pedernales. En esta investigación también están involucrados Azuero y René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

El mapa, supuestamente elaborado a finales del año pasado, sitúa al asambleísta Fafo Gavilánez al mando del hospital Alfredo Noboa, de Bolívar; a César Solórzano en el Velasco Ibarra, de Napo; a William Garzón, en el de Santo Domingo; a Guadalupe Salazar, en el de Monte Sinaí; Julio César Quiñónez en el Abel Gilbert, entre otros. La mayoría de ellos, con los que EXPRESO intentó, sin éxito, contactarse, pertenecen al bloque de Alianza PAIS.

Gavilánez, quien asegura haberse tomado la molestia de “investigar” dentro del hospital que le atribuyen, señala que la información expuesta no concuerda con la realidad. “Yo rechazo categóricamente ese informe periodístico. El primer cambio de gerente fue en abril del 2018, cuando aún no estaba la ministra María Paula Romo y el segundo, en abril de este año, pero les diría que investiguen a qué tienda política pertenece el gerente del hospital”, apuntó sin dar luces sobre el movimiento político al que se refería.

Sobre su relación con Daniel Mendoza, el asambleísta de Bolívar dijo que era “de saludos, de bloque”.

A Jimmy Candell se lo vincula al manejo del Liborio Panchana de Santa Elena, pero él asegura que, aunque siempre ha pedido que se designe a doctores peninsulares en el hospital, esto nunca ha ocurrido. “Lo mejor hubiera sido que vengan a Santa Elena, visiten el hospital e investiguen si realmente yo tengo que ver”. Candell no niega haber tenido una amistad con el exasambleísta, pero cree que esta vinculación obedece a una venganza por liderar la comisión que investigó las denuncias de corrupción por la construcción del hospital de Pedernales.

César Solórzano, quien también es señalado por manejar el hospital José María Velasco Ibarra, en Napo, dice desconocer a los directivos del centro médico y que al conocer la noticia de su supuesta vinculación se sorprendió. “Hace unos meses atrás aparecía otro nombre vinculado a este hospital en otra lista que publicaron”, afirma. 

Con respecto a Mendoza, el asambleísta señala que la relación era “de trabajo” y que la última vez que habló con él fue días antes de su detención. “Le dije que deje que se principalice el vicepresidente de la comisión mientras él solucionaba su problema”.

EN DETALLE

"La reproducción no puede invalidar una prueba"

Tras la difusión de la información y de unos chats entre Mendoza y la ministra Romo, la  Fiscalía dijo en un comunicado que, de ser la misma que está dentro de la pericia de extracción que realizó el miércoles, puede invalidarse como prueba. Sin embargo, el abogado Roger Tumalli indica que eso solo puede pasar si esta es adulterada.

"En Ecuador se puede invalidar una prueba cuando esta ha sido adulterada o ha tenido algún tipo de manipulación que pueda incidir en la toma de decisión de un juez. Estos audios o chats tienen que ser revisados por un perito y él es el único que puede determinar si han sido adulterados. En caso de que no exista ninguna alteración, no vicia el procedimiento", señala Tumalli.

El abogado también recalca que cuando el caso está en instrucción fiscal no existe reserva de la información. "Este caso ya está en esa etapa y todas las pruebas son públicas".

"La reproducción, en ninguna parte de la ley establece que tiene un vicio de nulidad, porque usted puede reproducir cualquier cosa, pero el hecho de reproducir no quiere decir que invalide el proceso", recalca.