Asambleístas glosados, otra mancha para el Legislativo
Son 33 los legisladores que aparecen con pendiente en la Contraloría. Los nombrados acusan al Gobierno de desviar la atención y de perseguirlos
Una cuarta parte de la Asamblea está en entredicho. Sus nombres aparecen en un listado de funcionarios glosados por la Contraloría y cuyos valores supuestamente no han sido pagados al Estado.
Se trata de $ 48,2 millones, que se desprenden de 82 glosas, emitidas entre 2007 y 2021. La presencia de estos informes en el historial de los legisladores no representaba impedimento para ser candidatos siempre que no estén ejecutoriados.
Según la Ley de la Contraloría, las glosas son sanciones que resultan de las auditorías o exámenes de control, en donde se detectan actos negligentes que generaron un perjuicio a la administración pública.
El asambleísta Pabel Muñoz, de la bancada UNES y uno de los más fieles al legado del expresidente Rafael Correa, es señalado en tres glosas que suman $ 34 millones. Salvador Quishpe, de Pachakutik, tiene 20 glosas, por $ 478.000. La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, tiene dos sanciones por $ 239.900; y Mariano Curicama, del movimiento Minga, tiene una glosa de $ 107.013. Este último además usa grillete electrónico, ya que tiene una sentencia de dos meses de cárcel, por el delito de concusión.
A estos políticos se suman otros 29 nombres que aparecen en el listado que fue divulgado por el portal Periodismo de Investigación y cuyos datos fueron confirmados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Según el legislador, la exsubcontralora Valentina Zárate remitió los documentos sobre los asambleístas glosados, en el marco de la investigación del juicio político del excontralor Pablo Celi.
Al ser una información tan voluminosa, la comisión abrió otro expediente. Uno de sus primeros actos fue solicitar al actual contralor Carlos Riofrío, que remita todas las glosas desde 2007 a 2021, así como las órdenes de reintegro, los informes de predeterminaciones de las sanciones administrativas y predeterminaciones de controles vehiculares.
El contralor, nombrado por el censurado Celi, negó en un primer momento la entrega. Y ahora señala que lo hará cuando la Procuraduría autorice.
Para Pabel Muñoz, la divulgación de esta información es parte de “una maquinaria al servicio de la persecución y extorsión”. Dijo que sus glosas “no tienen sustento, no están en firme y fueron impugnadas en 2018 y 2019”.
Estas glosas se desprenden de exámenes especiales realizados a su gestión como miembro del directorio de Tame EP y como secretario de Planificación. Un informe es sobre la apertura de la ruta a Nueva York y otro sobre un arrendamiento de un Airbus A330.
Las glosas de Quishpe resultan de su gestión como prefecto de Zamora Chinchipe. Una de esas sanciones es sobre la construcción de un puente vehicular en Nangaritza. Otra es sobre la entrega de licencias y permisos ambientales. Quishpe señaló que si su nombre aparece es porque en los últimos días ha denunciado un plan del Gobierno de privatizar las empresas eléctricas. “Pero cuando denunciamos esto, resulta que los investigadores utilizan a medias los informes de la Contraloría hechos en el 2013, es decir en tiempos del correísmo”.
Llori no ha querido referirse al tema. Pero en una entrevista televisiva dijo que los procesos de investigación deben cumplir con dos principios: la presunción de inocencia y el debido proceso. Sus glosas se desprenden de auditorías a los manejos económicos y obras como prefecta de Orellana. No registra procesos coactivos.
